Por Paola Flores
El ataque armado a la agente municipal de Salinas del Marqués, Karina Mabel Ureña Saavedra, volvió a evidenciar la violencia contra autoridades municipales en Oaxaca, que desde el inicio del gobierno de Salomón Jara Cruz acumula al menos 13 casos.
La tarde del 16 de julio, la funcionaria y sus dos acompañantes fueron baleados, mientras atravesaban el municipio Santo Domingo Tehuantepec, en una camioneta. Lograron salir ilesos y compartieron los hechos en una transmisión en redes sociales.
En video, Ureña Saavedra explicó que este atentado se da luego de la denuncia pública realizada en contra del edil de Salina Cruz, Daniel Méndez Sosa, por la falta de entrega de recursos públicos a Salinas del Marqués, así como violencia política de género, hostigamiento y persecución.
Tres días antes, el asesinato del ex presidente municipal de San Juan Cacahuatepec, Pedro Martínez Barroso, conmocionó a la sociedad oaxaqueña.
Actualmente la entidad enfrenta una escalada de violencia contra representantes populares y comunales, contabilizando el asesinato de autoridades y ex autoridades municipales y agrarias en un periodo de dos años y medio, abarcando desde 2024 hasta lo que va de 2026.
Solo en lo que va del presente mes de julio, la violencia se ha recrudecido con dos ataques armados, el 12 de julio pasado, Eduardo Saavedra, alcalde de San Miguel Yogovana (distrito de Miahuatlán) fue asesinado durante una agresión armada. Un día después se registró el homicidio del expresidente municipal de San Juan Cacahuatepec.
Previamente, en junio también se reportó un saldo crítico para la seguridad de los funcionarios al interior del estado: El día 22 de ese mes fue ejecutado, José Alberto Martínez Luna, exalcalde de Miahuatlán de Porfirio Díaz, junto a uno de sus escoltas. Cabe destacar que días antes, el 11 de junio, el actual presidente municipal de esa misma localidad, César Figueroa Jiménez, también resultó herido en un ataque a tiros.
Para el 14 de junio, en la región de la Costa, fueron ultimados Carlos Orocio Cruz, exedil de San Juan Quiahije, y su hijo Celestino. Un día antes, el presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Joel Ángel Bravo Martínez, fue asesinado a tiros en la región Mixteca.
La lista de víctimas por esta violencia política también incluye a presidentas y defensoras del territorio que han perdido la vida en el ejercicio de un servicio público: Nazaret Cortés Velasco, presidenta del Comisariado de Bienes Ejidales en San Pedro Totolapam, fue asesinada el 19 de marzo de este año.
Y durante 2025, se registraron los homicidios de la presidenta, Lilia Gema García Soto (San Mateo Piñas) dentro del palacio municipal; Mario Hernández García (Santiago Amoltepec); y Arnoldo Nicolás Romero (comisariado ejidal en San Juan Guichicovi).
Un año antes, en 2024 los crímenes alcanzaron a Román Ruiz Bohórquez (Candelaria Loxicha) y Joaquín Martínez López (Chahuites).
El fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, sostuvo que aunque algunos municipios enfrentan problemas de seguridad por la presencia de grupos delictivos, los asesinatos de alcaldes no obedecen a un plan articulado del narcotráfico, sino a conflictos locales que escalan a la violencia.
En algunos casos, las principales líneas de investigación apuntan a conflictos personales y disputas locales de poder; en otros casos destacan las tensiones por el control político municipal, conflictos agrarios y diferencias entre grupos comunitarios.
Oaxaca es el estado de México con el mayor número histórico de asesinatos de presidentes municipales, según información de la organización, Servicios para una Educación Alternativa Educa, hasta la fecha, la entidad registra 24 alcaldes ejecutados en los últimos años, ocupando el primer lugar a nivel nacional en este rubro por encima de otras entidades con altos índices de violencia política.
