Por Paola Flores
Este viernes 4 de septiembre de 2026 venció formalmente el plazo de 30 días establecido por la Asamblea General de San Miguel Chimalapa para que los habitantes del ejido chiapaneco Gustavo Díaz Ordaz disuelvan voluntariamente su núcleo ejidal y pasen a formar parte del territorio oaxaqueño.
Ante el vencimiento de este emplazamiento, un contingente de entre 400 y 500 comuneros zoques/oaxaqueños se movilizó hacia el ejido en disputa para dar continuidad al proceso de integración territorial bajo la premisa de “campesino a campesino, de indígena a indígena”. Sin embargo, la marcha se desarrolló bajo un clima de alta tensión.
A primera hora del día cientos de agentes de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal ingresaron a territorio oaxaqueño, lo que despertó las alarmas de los comuneros y las autoridades de ambos estados.
La histórica disputa territorial en esta sección de la frontera entre Oaxaca y Chiapas abarca una superficie de cuatro mil 975 hectáreas, las cuales son reclamadas por los comuneros de San Miguel Chimalapa bajo el argumento de que la resolución presidencial de su territorio, otorgada en marzo de 1967, es anterior a la constitución de los ejidos chiapanecos asentados en la zona.
Este reclamo cuenta con el respaldo de la Controversia Constitucional 96/2012, resuelta en 2021 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual determinó jurídicamente que alrededor de 160 mil hectáreas de la franja limítrofe corresponden al estado de Oaxaca.
No obstante, los comuneros señalaron que tras reuniones con el gobernador de Oaxaca, dependencias federales y el propio presidente de la SCJN, los resultados obtenidos hasta la fecha no han sido concretos ni tangibles. Por ello, se encuentran a la espera de que el máximo tribunal resuelva de forma definitiva la corrección de las coordenadas de delimitación entre ambos estados.
Una propuesta de conciliación
El proceso de diálogo, iniciado formalmente el pasado 4 de agosto, plantea la disolución voluntaria del ejido Gustavo Díaz Ordaz y ofrece a sus habitantes la opción de integrarse a los Bienes Comunales de San Miguel Chimalapa.
De aceptar la propuesta, los campesinos chiapanecos tienen garantizada la permanencia segura en sus viviendas, parcelas de cultivo y áreas de trabajo, bajo la única condición de reconocer la soberanía comunal oaxaqueña y someterse a los reglamentos de su Estatuto Comunal. Esta misma oferta agraria ha sido extendida a los núcleos chiapanecos de Rodulfo Figueroa, Ramón E. Balboa y La Flor de Chiapas.
Como modelo de solución exitosa, las autoridades de San Miguel destacan el precedente de la congregación “El Quebrachal”. Este asentamiento, conformado por familias indígenas tsotsiles y zoques de Chiapas procedentes del ejido Ramón E. Balboa, se adhirió voluntariamente a los Bienes Comunales hace cinco años, conviviendo pacíficamente y sin altercados desde entonces.
Rechazo a suspender la movilización y despliegue preventivo
Ante el inminente vencimiento del plazo, la Procuraduría Agraria propuso celebrar una mesa agraria el lunes 7 de septiembre en la ciudad de Oaxaca, bajo la condición estricta de que los comuneros detuvieran la movilización de este viernes. No obstante, la comisión comunal de San Miguel, encabezada por el presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Eliézer Gutiérrez, determinó continuar con la caminata planificada.
Las autoridades oaxaqueñas argumentaron que previamente, el 31 de agosto, recibieron a ejidatarios y representantes de Gustavo Díaz Ordaz en la cabecera municipal de San Miguel, donde se les garantizó que la acción sería pacífica, ordenada y orientada a la conciliación.
Por su parte, los habitantes de Gustavo Díaz Ordaz manifestaron su rechazo absoluto a cualquier intento de desalojo y solicitaron formalmente la intervención de las instancias de seguridad para evitar una confrontación.
En respuesta, el Gobierno del Estado de Chiapas difundió un comunicado oficial en el que ratificó su permanencia en las mesas de diálogo para lograr una resolución pacífica. Al mismo tiempo, instruyó mantener un despliegue de seguridad permanente en el ejido Díaz Ordaz integrado por la Guardia Estatal y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, bajo la advertencia de que se actuará conforme a la ley y no se admitirá ningún acto de violencia o despojo. De acuerdo con reportes policiales, las fuerzas de seguridad estatales chiapanecas ingresaron al ejido con unos 800 agentes y un operativo de entre 44 y 60 patrullas, además de registrarse presencia de efectivos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.
Para la comisión de San Miguel Chimalapa, este despliegue masivo configura un “blindaje” de la comunidad chiapaneca, lo cual denuncian como un factor de tensión que eleva el riesgo de un enfrentamiento frente a frente entre campesinos y elementos policiales en una zona históricamente conflictiva.
La Secretaría de Gobierno de Oaxaca informó que sostiene una atención permanente, mediante un equipo interinstitucional. Este grupo operativo cuenta con la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la delegación de la Secretaría de Gobernación (Segob) federal, la Coordinación de Delegados de Paz Social, la Junta de Conciliación Agraria y personal de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).A
Aseguró que permanece en comunicación directa con la federación y con el gobierno de Chiapas para coordinar esfuerzos preventivos.
