Redacción
Integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) frenaron dos consultas, convocadas por el gobierno federal en Pátzcuaro y Cherán Atzicuirín, rechazan la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, impulsada por el gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum.
El CSIM, un consejo libre y autónomo que agrupa a 80 pueblos p’urhépecha, otomí (hñahñú), matlazinca (pirinda), náhuatl y afromexicanos, calificó el ejercicio como discriminatorio, simulado y fallido.
La Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos promete blindar los derechos de las comunidades, sin embargo, el movimiento indígena acusó que el proyecto de ley es altamente discriminatorio ya que excluye a 109 comunidades indígenas de Michoacán que actualmente no figuran en el catálogo de pueblos y comunidades del INPI.
«Esto vulnera gravemente el derecho a la autoadscripción y la historia de los pueblos originarios, cuya existencia es anterior a la conformación del propio Estado mexicano», señalaron.
Además, criticaron que la iniciativa pretenda darle a dicho catálogo un carácter fundacional de derechos, en lugar de limitarse a ser un instrumento de reconocimiento.
Para las comunidades, el proceso organizado por el INPI representa una simulación que viola los estándares internacionales en materia indígena. Denunciaron que los foros no respetan los usos y costumbres tradicionales al omitir la participación de la Asamblea General, considerada la máxima autoridad de los pueblos. Asimismo, calificaron de inviable e inadecuado que se pretenda explicar, analizar y debatir un cuerpo legal complejo de 453 artículos en eventos que duran un promedio de apenas cinco horas en un solo día.
El Consejo enfatizó que el ejercicio es fallido debido a que no tiene carácter vinculatorio. Las aportaciones de las comunidades en los foros se reducen a meras opiniones que el Estado mexicano no tiene la obligación jurídica de cumplir, dejando en manos del gobierno federal la facultad unilateral de decidir qué agregar o suprimir de la ley.
El CSIM también advirtió que la iniciativa contempla que las consultas sirvan para legitimar megaproyectos, incluso si las comunidades emiten un resultado negativo. Por tales motivos, calificaron la ley como un grave retroceso en la lucha histórica por sus territorios ancestrales.
Anunció que iniciará una defensa jurídica formal a través del Colectivo de Abogados Indígenas “Juchári Uinápekua” (Nuestra Fuerza). El organismo hizo un llamado respetuoso a otras comunidades originarias de todo el país a inconformarse colectivamente y rechazar la imposición de una legislación que atenta contra sus derechos ancestrales.
En redes sociales circularon imágenes del mobiliario del evento en llamas, se acusó al Consejo de saboteo, sin embargo, el mismo Consejo insiste en que sus manifestaciones durante esta jornada fueron pacíficas.
