Por Paola Flores
Lourdes vivió la primera parte del domingo 8 de marzo en calma: sacó a pasear a sus perros y luego fue al supermercado. El resto del tiempo estuvo en casa, sin imaginar que horas después sería detenida de forma arbitraria por una docena de policías estatales.
Lulú, como le dicen sus amigas, acordó reunirse con Quetzal y Seleni para asistir juntas a su primera marcha por el Día Internacional de la Mujer en Oaxaca. A las dos de la tarde, las tres llegaron al punto de encuentro con otras integrantes de la Asamblea Oaxaqueña por Palestina y caminaron juntas a la Fuente de las Ocho Regiones, de donde saldría una de las manifestaciones de la jornada.
A las tres de la tarde, el contingente avanzó sobre la calzada Porfirio Díaz. Lulú y sus amigas hicieron pintas en las fachadas para exigir justicia y denunciaron al Estado como opresor. Al llegar al Zócalo, luego de la quema de la valla protectora del banco Santander, cientos de mujeres se concentraron frente a Palacio de Gobierno, desde donde gritaron: «Fuera Jara» y «La policía no me cuida, me cuidan mis amigas», entre otras consignas. En ese punto, Lourdes y Quetzal ayudaron a avivar el fuego que las manifestantes iniciaron tras derribar las vallas metálicas que protegían las puertas.
Entonces la policía entró. Diego, el novio de Lourdes que la esperaba a unas calles de la protesta, se acercó a ellas para salir de ahí. Juntos caminaron por la calle de Alcalá; luego, pensando que era más seguro alejarse del centro, doblaron en M. Bravo. Ahí, en la esquina con García Vigil, fueron interceptados. Lourdes asegura que iban por Diego: una motocicleta con dos policías armados les cerró el paso mientras uno gritaba: «Ya te agarramos».
Al intentar defenderlo, Lulú también fue detenida, y Quetzal con ellos. Videos del momento circularon en redes sociales desde diferentes perspectivas. En ellos se observa cómo los rodean mientras las chicas gritan pidiendo ayuda. Un elemento ordena: «Suban a la del cubrebocas azul». Ella intenta huir, pero la persiguen. Entre jaloneos, la presencia de la prensa y la sorpresa de algunos turistas, se los llevan a todos.
Durante el trayecto hacia el cuartel de la policía estatal en Santa María Coyotepec, Lourdes permaneció esposada. En entrevista, relató que el trato de los oficiales estuvo marcado por frases como: «Eso les pasa por andar de desmadrosas, eso les pasa por andar en las marchas». Incluso, un oficial le dijo: «¿Sabes dónde están mis hijas? Están en mi casa, no están en estos desmadritos».
«Durante el camino fui esposada todo el tiempo. Pregunté constantemente la razón de mi detención y nunca me informaron. Pedí que se identificaran y me dijeron: “No te lo podemos decir por seguridad”. Yo les decía que esto era un secuestro porque no nos decían por qué estábamos detenidos», detalló Lourdes.
A las 7:23 llegaron al cuartel y los separaron. Lourdes recuerda la hora con precisión porque había un reloj en el lugar donde fue revisada por una doctora.
«Me negué a dar mis datos y me dijeron que si no cooperaba el proceso sería más lento. Una oficial revisó mis cosas; yo traía unos botes de pintura acrílica y ella me dijo: “Aquí está la prueba de que andabas en el desmadrito”. Todo el tiempo nos decían que esto nos pasaba por “revoltosas” para que aprendiéramos. La oficial me dijo: “A mí no me gusta que me vean la cara de pendeja, dime lo que traigas de una vez”».
La obligaron a desnudarse para una inspección corporal. Después le tomaron fotografías de frente y de lado con los teléfonos personales de los policías.
«Vi a una policía tomándole fotos a mi INE con el celular y mandándolas por WhatsApp; le dije que era ilegal y solo respondieron: “Así es el procedimiento”».
Ella preguntó reiteradamente por su estatus legal y recibía respuestas contradictorias: «No estás detenida», pero cuando preguntaba si se podía ir, le decían que no. «Me negaron el derecho a hablar con mi abogado. Un policía se acercó con una hoja de lectura de derechos en blanco y me dijo: “Necesito que firmes esto”; al negarme, me amenazó diciendo que nos quedaríamos más tiempo encerradas».
Alrededor de las 11:30 p. m. les dijeron que serían trasladadas a la Fiscalía. Las esposaron y subieron a una patrulla mientras eran grabadas, pero a los cinco segundos las bajaron y las regresaron a su celda sin explicación. A sus amigos, que las buscaron en el cuartel para dar seguimiento, les negaron información o se la dieron incorrecta. Finalmente, poco después de la una de la mañana, las liberaron tras obligarlas a firmar un papel que indicaba una amonestación administrativa por «escándalo».
Mientras tanto, Diego permanecía detenido. A las nueve de la noche lo separaron de Lourdes y Quetzal y lo trasladaron a la Fiscalía., donde fue acusado formalmente de daños con dolo y agresión a un periodista. Esta acusación se vincula a un video donde se observa que le lanzan una silla a un reportero. El secretario de Gobierno, Jesús Romero, hizo referencia a esto en conferencia de prensa, aunque nunca existió una denuncia formal.
Arturo Pérez Alfonso, corresponsal de La Jornada en Oaxaca, resultó lesionado tras la entrada de los granaderos al Zócalo, pero nunca consideró denunciar. «No fue un ataque contra mí; la Fiscalía nunca me contactó. Van a usar eso para atacar al movimiento y yo no participaré en ello», afirmó, explicando que en la intensidad del enfrentamiento ni siquiera supo de dónde vino el golpe.
Lourdes enfatizó que Diego sólo se involucró cuando llegó la represión policial, lo cual no impidió que fuera privado de su libertad durante dos días. Junto a él, César N., otro joven que estaba en el centro para ayudar en el puesto de su familia, también fue detenido sin explicación.
Según las leyes mexicanas, una detención es arbitraria cuando:
- No existe una base legal para la privación de la libertad.
- No se sigue el proceso establecido (como la falta de una orden judicial).
- No se tienen pruebas de la comisión de un delito.
- El juicio no cumple con el debido proceso.
- Se violan, niegan o impiden los derechos humanos de la persona detenida.
En México, las detenciones arbitrarias son una práctica generalizada, exacerbada por la militarización de la seguridad, la prisión preventiva oficiosa y el arraigo, violando derechos fundamentales.
En Oaxaca, la administración de Salomón Jara se ha caracterizado por la represión; en 2025, el gobierno lanzó gas lacrimógeno y balas de goma contra mujeres y niñas. En 2024 también replegó las manifestaciones con gas.
Y en los recientes cambios que el mandatario hizo a su gabinete, destaca la asignación del vicealmirante Félix Quiroz Javier como nuevo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien fungía como coordinador de la Estrategia de Seguridad Federal en Oaxaca por parte de la Secretaría de Marina.
Lourdes concluyó que su detención fue un acto de represión política para amedrentar la protesta, ella por su parte, sigue firme en sus causas y lucha.
