Listados internos revelan un sistema de monitoreo administrado desde Comunicación Social para obligar a empleados públicos a interactuar con las publicaciones del gobernador Salomón Jara Cruz
Por Paola Flores
Un mecanismo organizado de cuentas falsas en redes sociales, denominado internamente como un «ejército de activistas digitales», opera dentro de diversas dependencias del Gobierno del de Oaxaca. A través de esta estructura, trabajadores estatales son obligados a registrar perfiles en plataformas como Facebook, X, Instagram y TikTok para difundir comentarios de apoyo y compartir las publicaciones oficiales de la administración estatal.
Incluso, existen padrones estructurados que recaban nombres, números de teléfono celular y nombres de usuario creados por el personal. Un listado correspondiente al Registro Civil confirmó que los empleados han volcado sus datos con el fin de que la Coordinación de Comunicación Social de la Primavera Oaxaqueña supervise de forma directa sus interacciones en redes.
En el documento del Registro Civil figura como responsable Sandra Alicia Hernández Sandoval, auxiliar de dicha dependencia. En el listado figuran más de 800 cuentas en distintas redes sociales.
La operación, articulada desde Palacio de Gobierno, tiene como fin inflar la imagen del mandatario mediante interacciones prefabricadas con frases como: “Excelente iniciativa”, “Excelente trabajo” o “Felicidades Gobernador”.
Bajo la línea trazada por sus asesores de imagen, la prioridad gubernamental consiste en proyectar popularidad en entornos virtuales, sin importar el respaldo real fuera de internet. Este tipo de dinámicas de amplificación artificial se registran de forma sistemática desde el segundo año de la gestión de Jara Cruz, previo a la consulta de Revocación de Mandato.
El despliegue de esta estrategia responde a un intento de control de daños frente a la crisis de seguridad en Oaxaca y a las acusaciones hacia figuras clave del oficialismo local por presuntos nexos con el crimen organizado, entre los que se señala a Noé Jara, hermano del gobernador.
Las denuncias de este tipo de padrones de fiscalización digital se remonta a enero de 2025 cuando se filtró un oficio en la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural (SEFADER) donde se solicitaba a subsecretarios y directores recabar datos del personal para controlar quiénes compartían y reaccionaban a la propaganda oficial.
Pese a que en su momento Comunicación Social rechazó el documento y prometió indagar el hecho, diez meses después los listados operan en las dependencias.
También existen denuncias sobre presiones e intimidación hacia los trabajadores para que utilicen tanto los perfiles falsos requeridos como sus cuentas de redes sociales personales para respaldar los contenidos institucionales.
La Ley Federal del Trabajo y las normativas sobre protección de datos personales prohíben expresamente el monitoreo forzado o la injerencia sin consentimiento en las plataformas digitales particulares de los subordinados. Sin embargo, obligar al personal a crear y mantener identidades ficticias orientadas a simular respaldo ciudadano constituye una zona gris dentro del marco legal vigente.
