Por Paola Flores
A dos décadas de la insurgencia popular de 2006, las organizaciones sociales de Oaxaca denuncian que la estructura sistémica de impunidad permanece intacta en la entidad. Bajo este contexto, califican el proceso de revocación de mandato del gobernador, Salomón Jara Cruz como un ejercicio de legitimación forzada y un reciclaje de las viejas estructuras de poder.
La herencia de 2006 y el “reciclaje” del poder
Para más de 30 organizaciones firmantes, el gobierno actual, aunque se autodenomina “popular”, mantiene las mismas prácticas de dilación en la justicia y denostación de la crítica que caracterizaron épocas pasadas.
Sostienen que:
• Continuidad sistémica: El actual ejercicio no representa un cambio real, sino una estrategia para obtener un “cheque en blanco” que profundice políticas de despojo.
• Maquillaje político: La consulta programada para este 25 de enero es vista como una farsa innecesaria en un contexto de control absoluto del Congreso y cooptación de sindicatos.
• Falso indigenismo: Se critica el uso de un discurso oficialista que fomenta una ficción para el beneficio del sector turístico, mientras se destruyen las bases culturales de los pueblos originarios.
Un ejercicio de “simulación estatal”
Las organizaciones, entre las que destacan Servicios para una Educación Alternativa A.C. (EDUCA) y el Frente Popular Revolucionario, señalan que la consulta no nace de una exigencia ciudadana, sino de la propia militancia del partido en el poder. Denuncian que la recolección de firmas fue orquestada por el oficialismo, convirtiendo un derecho ciudadano en un acto de ratificación gubernamental.
Además, condenan el uso de programas asistencialistas y la presión ejercida por servidores públicos para coaccionar el voto, prácticas que se consideraban superadas pero que hoy motorizan este proceso.
Despilfarro y validación del extractivismo
El pronunciamiento subraya que es inadmisible destinar millones de pesos del erario a una consulta con resultados prefigurados, especialmente ante las carencias estructurales del estado. De acuerdo con los colectivos, votar por la continuidad del mandato implica validar:
1. El modelo extractivista y neoliberal.
2. Proyectos como el Corredor Interoceánico y la minería desenfrenada.
3. La gentrificación y la entrega del territorio al capital transnacional.
Resistencia civil organizada
El frente de organizaciones, que incluye a la Asamblea de la Comunidad Indígena Binniza de Puente Madera y el Consorcio para el Diálogo Parlamentario, hace un llamado a cuestionar quién se beneficia realmente con esta consulta. Concluyen que, mientras las demandas de los pueblos sigan siendo ignoradas, estos ejercicios no son democracia, sino maquillaje político para legitimar el despojo de derechos.
