Por Paola Flores
La Asamblea Comunitaria de la comunidad chontal El Coyul, perteneciente al municipio de San Pedro Huamelula y la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) denunciaron la criminalización y judicialización de 21 personas defensoras de su territorio.
En conferencia de prensa expusieron que las 21 personas afectadas enfrentan penas de hasta 15 años de prisión, 90 mil pesos de multa para cada una y una reparación de daños por más de 55 millones de pesos.
Estas mujeres y hombres son descendientes de las 221 familias que fueron desplazadas violentamente de sus viviendas y fuentes de trabajo por personas armadas en un conflicto que inició 1972.
Desde entonces, la Sociedad Agrícola y Ganadera El Coyul (como se denominaron) se ha enfrentado a un cártel inmobiliario que en complicidad con notarios, jueces, ministerios públicos y altos funcionarios, buscan despojarlos de más de mil 452 hectáreas de tierras.
Señalan a Joel Ricardez Lopez (quien se autonombra dueño de las mil 452 hectáreas), a Alfredo Manuel Mena Alonso (apoderado legal del Joel Ricardez López) y Rigoberto Cruz Cartas (quien pretende legitimarse ilegalmente como el presidente de la Sociedad Agrícola y Ganadera El Coyul) como los principales operadores en este conflicto.
Explicaron que actualmente este grupo controla los tres accesos a la playa La Ensenada que forma parte de las tierras que pertenecen a la Sociedad Agricola Ganadera El Coyul y han devastado hectáreas de selva.
La sentencia contra las 21 personas defensoras fue dictada por el juez Onssis Aureliano Díaz Morgan, presidente del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario Dos, del Circuito Judicial del Istmo de Tehuantepec con sede en Espinal, el 8 de mayo de 2024.
Los habitantes de El Coyul consideran que esta sentencia además de ser injusta, tiene el objetivo de infundir miedo en quienes defienden la tierra, el territorio y los derechos humanos.
El 21 de mayo de 2024 interpusieron una apelación ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, del que esperan una resolución justa.
Mientras tanto responsabilizan a Joel Ricardez Lopez, Alfredo Manuel Mena Alonso y Rigoberto Cruz Cartas del clima de división, violencia, persecución, criminalización, amenazas, acoso, hostigamientos y de cualquier medida de presión, difamación, amenaza y agresión en contra los habitantes de El Coyul e integrantes de la APIIDTT.
Cronología del conflicto:
1958
Se realiza la primera escritura de compra-venta registrada en el Volumen 16, Instrumento 114, en la Notaría Número 12 del Estado de Oaxaca, bajo la responsabilidad del Notario Público José Luis Acevedo Gómez. La escritura fue formalizada a favor de Hermelinda Pinelo Acevedo, quien actuaba como mandataria general de Martín Robles Sosa, abarcando una superficie superior a las 2663 hectáreas.
1971
En una asamblea extraordinaria celebrada en la agencia municipal de El Coyul, se designa a Ricardo López Garcés como apoderado de la Sociedad Agrícola Ganadera El Coyul, otorgándole poder para realizar compras y ventas de tierras.
19 de enero de 1972
Se formaliza una escritura pública a nombre de Ricardo López Garcés, elaborada por el Notario Público 20, Luis Castañeda Melgoza, en Tehuantepec. En esta escritura se registran 300 hectáreas, las cuales fueron calculadas mediante puntos de referencia y no medidas físicamente.
1988
Se celebra un acta de comparecencia y rectificación de medidas ante el Lic. Víctor Manuel Martínez Silva, Juez Mixto de Primera Instancia en Tehuantepec. En este acto se toman las medidas correspondientes, resultando en un total de 1452 hectáreas.
1990
Se lleva a cabo una nueva rectificación de medidas, notariada por Luis Castañeda Melgoza, y registrada en el Volumen 58, Acta 2134.
1999
El Diario Oficial de la Federación publica la resolución del juicio agrario 169/96, relacionado con un conflicto con la comunidad de Río Seco, en el cual la resolución favorece a la Sociedad Agrícola Ganadera El Coyul.
2011
Se presenta un juicio en contra de algunos representantes de la Sociedad Agrícola Ganadera El Coyul, denunciados por Pablo José Rojas Ramírez en representación de la Sociedad Agrícola Ganadera El Coyul Oax. S.C. La causa penal 201/2011 culmina con una resolución de no vinculación a proceso el 25 de agosto de 2011, asentada en la Toca Penal 15/2011.
2019
Se notifica a la Visitaduría General, a cargo del Lic. Diego López Hernández, sobre un nuevo juicio (causa penal 507/2019). Este juicio culmina con una resolución de no vinculación a proceso el 23 de enero de 2022.
Abril de 2022
La Lic. Inés Virginia Cambray Mendoza solicita imputación y nueva vinculación a proceso de los imputados en la causa penal 507/2019. Sin embargo, la no vinculación a proceso se confirma nuevamente el 14 de junio de 2022. En el mismo contexto, se inicia un juicio de amparo 501/2022 en el Juzgado Sexto de Distrito en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca, que resuelve el 28 de octubre de 2022, negando el amparo a la Sociedad Agrícola Ganadera El Coyul Oax. S.C.
Se inicia el tercer juicio, causa penal 472/2022, en el Juzgado de Control de Salina Cruz, por despojo agravado en perjuicio de Joel Ricardez López. La carpeta de investigación es la 8408/FISC/SALINA/2022, Investigación 2024/108. Este juzgado, con el mismo juez y ministerio público, ya había efectuado la no vinculación a proceso en la carpeta 507/2019 y en el Toca Penal 011/2022.
2022 – 2024
Durante 2 años se lleva a cabo todo el proceso penal de investigación (inicial y complementaria), la etapa intermedia y el juicio oral para dictaminar sentencia. Durante este proceso se presentaron varias irregulares, cómo fue desechar 5 pruebas fundamentales que comprobueban la propiedad de la tierra por parte de la Sociedad Agricola Ganadera El Coyul.
8 de Mayo 2024
El Juez Onssis Aureliano Díaz Morgan Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario Dos, del Circuito Judicial del Istmo de Tehuantepec con sede en Espinal, dicta sentencia en contra de 21 personas condenadas a 15 años de prisión, a pagar una reparación del daño de $55 millones de pesos y una multa de $90 mil pesos,
21 de Mayo de 2024
Se interpone la apelación ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca.
