Tirar del Hilo | Ayotzinapa: impunidad prevalente

Por Paola Flores 

El crimen contra los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa es una herida abierta en la conciencia colectiva. Han pasado casi 10 años desde su desaparición y la impunidad prevalece. 

Para los padres de los jóvenes la espera es una tortura. 

La madrugada del 27 de septiembre de 2014 el terrorismo de Estado en su máxima expresión cambió para siempre sus vidas. La desaparición fue sistemática, las autoridades militares y de inteligencia en todo momento supieron lo que pasaba en Iguala, hubo un plan pensado, desarrollado y ejecutado.

¿Pero a quién le importa? 

No a la clase gobernante, ni a la élite económica, le importa a los mismos de siempre, a los de abajo. El discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador ha cambiado mucho, de aspirante a candidato, de candidato a presidente. 

En noviembre de 2014 escribía vía Twitter: Ayotzinapa es un caso imposible de cerrar sin hacer justicia, de nada les va a servir manipular o querer hacer prevalecer la impunidad. 

En mayo 2018 cuando competía por la presidencia de la República refrendó su compromiso de hacer justicia. 

Y una de sus primeras acciones como presidente fue firmar el Decreto Presidencial para el Acceso a la Verdad en el caso Ayotzinapa a cargo de Alejandro Encinas, con ello se buscaba garantizar a madres y padres de los 43 estudiantes que no habría impunidad, trabas ni obstáculos para llegar a la verdad y hacer justicia o eso se dijo. 

El caso salió de entre el lodo de la Mentira Histórica hubo reuniones, se reavivó la esperanza y entonces las investigaciones toparon con la participación del Ejército. El presidente se mantuvo en lo dicho y en 2021 intervino para que el Ejército entregara documentos al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que investigaban el caso. 

En dichos documentos se establecieron algunos puntos de primera importancia para el esclarecimiento de los hechos:

Primero: Todas las Corporaciones, Ejército, CISEN y Policía Federal y Estatal, hacían seguimiento y reporte en tiempo real de todas las actividades de los normalistas de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos y otras, o de sus actividades, desde años atrás a los hechos del 2014.

Segundo: Durante y posteriormente a los sucesos del 26 y 27 de septiembre de 2014 el ejército recibió información de interceptación de comunicaciones la cual nunca fue puesta a disposición de la búsqueda o la investigación. De la misma manera instruyó procesos disciplinarios en contra de sus integrantes y realizó investigaciones cuyos resultados no compartió, ni ha compartido plenamente.

Esa es la exigencia de los padres, la entrega de otros 800 documentos, muchos de ellos del día del ataque, el 26 de septiembre de 2014, y las jornadas inmediatamente posteriores, pero el Ejército dijo no y el presidente en la reunión que sostuvo en octubre con los padres y madres de los 43 les entregó otros documentos. 

Ahora descalifica a sus abogados, dice que tiene información que lo hace desconfiar de sus intenciones, descalifica a las instituciones que han perseverado en la búsqueda de los estudiantes, incluso al GIEI. 

Lo que parece seguir lo sugerido por el Ejército en un análisis en el que insistía en cuestionar la presencia e intenciones tanto del GIEI como de las organizaciones de derechos humanos que acompañan a los padres y madres, pues consideraban ilegitimo su trabajo y vinculado a organizaciones denominadas como “disruptivas”.

Ese mismo análisis recomendaba filtrar distintas líneas discursivas que descalificaran su trabajo. ¿Ese es el consejo que el presidente está siguiendo ahora?

Lo cierto es que no existe igualdad de condiciones para esta lucha, las puertas están cerradas y son muchos los interesados en que la verdad nunca se sepa. 

La irrupción en Palacio Nacional de los normalistas del miércoles pasado apunta hacia un hartazgo y frustración de parte de los padres y madres, cuya única exigencia es saber qué pasó con sus hijos.

No existe justificación. La represión del Estado no terminó esa noche en Iguala. Persiste hasta hoy. Y personajes que fueron parte de este crimen siguen impunes: aquí en Oaxaca a la diputada Mariana Benítez Tiburcio, mano derecha de Murillo Karam, quien construyó la Mentira Histórica, le concedieron una candidatura plurinominal por Morena.

Nada de sospecha: justicia decía el presidente en campaña. Pero termina su sexenio y lo único que queda es la insinuación, justo, la sospecha de lo que tal vez pasó. Es indigno y decepcionante ¿Cuál esperanza? ¿Cuál transformación?

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