Por Paola Flores 

Las autoridades de los municipios de San Dionisio Ocotepec, San Pablo Guilá, Santiago Matatlán y San Lucas Quiaviní se ampararon ante lo que califican como una omisión sistemática por parte del Estado en el incendio que cobró la vida de cinco comuneros el pasado viernes. 

Ante ello presentaron tres demandas de juicio de amparo en contra de las autoridades estatales y federales. El juez segundo de distrito atendió el juicio de amparo 2016/2024 y emitió una suspensión para preservar la vida de los combatientes. 

Rafael Morales Curiel, presidente municipal de San Lucas Quiaviní; Fortino Ruiz Méndez, presidente municipal de San Dionisio Ocotepec; Rogelio Hernández Sernas, presidente municipal de Santiago Matatlán y Matías Luis Santiago, agente municipal de San Pablo Güilá expresaron su frustración ante la respuesta institucional: 

Los comuneros, ejidatarios y pobladores, hombres y mujeres, de las localidades y rancherías de estos municipios, fuimos convocados por las autoridades para combatir el incendio, pero no contamos con los medios efectivos ni técnicos para apagar el siniestro que está consumiendo miles de hectáreas de bosques.

Informaron que el pretexto de parte de las autoridades para la tardía intervención de un equipo táctico aéreo, fue la falta de combustible. Y que hasta la tarde de ayer no había sido enviado ningún helicóptero para sumarse a los esfuerzos de mitigación. 

Por su parte el gobierno del estado ha insistido en que sí enviaron equipo aéreo para el reconocimiento de la zona siniestrada. En una conferencia de prensa este domingo, el secretario de gobierno Jesús Romero López criticó la reacción de las comunidades que bloquearon la carretera 190 para pedir atención. Y dijo que hay “agitadores políticos” detrás de las movilizaciones y “campaña sucia” de candidatos del PRI, PAN y PRD. Aseguró que si el gobernador lo autoriza dará a conocer los videos y audios que prueban estas afirmaciones.

Además precisó que el incendio ya se encuentra controlado en un 90 por ciento y liquidado en un 50 por ciento y que este resultado se debe en un 95 por ciento a los trabajos realizados en tierra. 

En pocas palabras: el helicóptero que los pobladores exigían, en la percepción del funcionario no era necesario. 

Aún así el helicóptero MI-17 de la Secretaría de Marina arribó a la entidad la tarde de este sábado. La aeronave, que fue solicitada por el gobierno del estado cuenta con Sistema Bambi Bucket, un helibalde con capacidad de 2 mil 500 litros que permite llevar a cabo descargas de agua.

Los habitantes de San Dionisio Ocotepec, San Pablo Guilá, Santiago Matatlán y San Lucas Quiaviní consideran que el Estado no dimensionó la gravedad de este acontecimiento para la vida de sus pueblos y en Asamblea determinaron que no permitirán la instalación de casillas en sus municipios para las elecciones del próximo 2 de junio. Ni el ingreso de candidatos y candidatas de los partidos políticos para hacer campaña en la zona sur del distrito de Tlacolula. 

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