Redacción
Organizaciones nacionales e internacionales denunciaron este lunes la criminalización de 24 personas indígenas de los pueblos Ayuujk y Binizaa en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, quienes enfrentan procesos judiciales por oponerse al Corredor Interoceánico, un megaproyecto impulsado por el gobierno federal.
La protesta, realizada frente al Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México, coincidió con el Día Internacional de la Madre Tierra y fue encabezada por integrantes de la Misión Civil de Observación del Istmo. Las y los manifestantes exigieron el cese inmediato de la persecución judicial y el respeto a los derechos colectivos de las comunidades afectadas por las obras del megaproyecto.
Criminalización de la defensa territorial
De acuerdo con los colectivos, las 24 personas acusadas —originarias de Mogoñé Viejo, San Juan Guichicovi, y Rincón Viejo, Petapa— han ejercido su derecho a defender el territorio frente a la imposición del proyecto ferroviario sin consulta previa. En respuesta, enfrentan tres carpetas de investigación abiertas por delitos como ataques a las vías de comunicación e invasión de Derechos de Vía.
“Las acusaciones son infundadas y responden a una estrategia de hostigamiento que busca silenciar la resistencia legítima de comunidades indígenas”, señalaron las organizaciones firmantes.
Entre las personas criminalizadas se encuentran Juana Inés Ramírez Villegas, José Alberto Cayetano Matus y Andrés Pérez Hernández, integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), beneficiarios además del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Violaciones sistemáticas y ausencia de diálogo
Las organizaciones acusaron que el uso del aparato judicial para intimidar a defensores del territorio constituye una violación directa al Acuerdo de Escazú, que obliga a los Estados a garantizar condiciones adecuadas para la participación en asuntos ambientales.
“Desde 2019, comunidades como Mogoñé Viejo han sostenido acciones de protesta pacífica como el campamento ‘Tierra y Libertad’, que fue desalojado violentamente por elementos de la Marina y la policía estatal”, denunciaron.
Además, se reportó que los intentos de diálogo han sido nulos o insuficientes. “A pesar de los compromisos públicos, no existe una mesa formal con las comunidades para atender sus demandas, y las recomendaciones de la SEMARNAT han sido ignoradas por el Ferrocarril del Istmo y las empresas constructoras”, afirmaron.
Exigen cese a procesos penales y medidas de protección
Las organizaciones hicieron un llamado urgente a la Secretaría de Gobernación para intervenir y frenar la criminalización de las 24 personas indígenas, así como a la SICT y al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) para que desistan de las denuncias penales.
Asimismo, pidieron al Mecanismo de Protección reforzar las medidas otorgadas a integrantes de UCIZONI y garantizar la protección a todas las personas defensoras del territorio que enfrentan riesgos.
El comunicado fue suscrito por más de 25 colectivos, entre ellos ARTICLE 19, EDUCA, SERAPAZ, CEMDA, el Centro Prodh, y la Red TDT. La Misión Civil de Observación, creada en 2022, ha documentado al menos 55 casos de criminalización en la región del Istmo, la mayoría atribuibles a autoridades de distintos niveles de gobierno.
