Por Ismael García M./Zona Roja

La semana pasada, la Guardia Nacional cumplió cinco años de su creación. 

Pero en un lustro, la corporación militar, más que civil, ha demostrado su absoluto fracaso, pues ni hay resultados fehacientes ni los mexicanos disfrutan de una mejor tranquilidad.

En ese marco, hace poco más de una semana el Presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró, junto con Claudia Sheinbaum, la sede de un cuartel, ubicado en Santa Cruz Xoxocotlán.

Pero, insistimos, no hay una atención más puntual a la prevención del delito y mucho menos una actuación eficiente de la corporación tras cometerse un acto ilícito.

En el colmo, el Presidente continúa con el engaño de que la Guardia Nacional es una corporación civil, cuando por todos lados del país, se ve que los centros de mando y de concentración son los cuarteles son militares.

Lo peor: Claudia Sheinbaum ya prometió que la institución formalmente pasará al las filas de la Secretaría de la Defensa Nacional, con lo que en los hechos y en derecho, se confirmará que sigue siendo una corporación militar.

GÉNESIS

De hecho, fue conformada con elementos de la extinta Policía Federal, del Ejército Mexicano y de la Marina, en un 70 por ciento, con mandos, por supuesto, militares.

Fue al iniciar su mandato en que López Obrador anunció la creación de la Guardia Nacional, institución que ya tuvo un antecedente en el siglo XVIII.

Tras la aprobación en el Congreso de la Unión y la mayoría de congresos estatales, el 26 de marzo de 2019 fue publicada su creación en el Diario Oficial de la Federación, pero no fue sino hasta junio siguiente en que formalmente inició operaciones.

Actualmente cuenta con alrededor de 130 mil elementos, pero desde sus inicios carga con el estigma militar y así lo hizo remarcar el Presidente en el año 2022, cuando el Senado y la Cámara de Diputados aprobaron que la Guardia Nacional pasara a la Sedena; no obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que esto era inconstitucional.

Según explicó la semana pasada el comisario General de la Guardia Nacional, David Córdova Campos, en cinco años, ha contribuido en la detención de 37 mil presuntos integrantes de la delincuencia organizada; el aseguramiento de más de 11 mil armas y más de 11 millones de cartuchos, así como más de 54 mil vehículos terrestres y 81 aeronaves; igualmente la destrucción de 45 laboratorios clandestinos de droga y la recuperación, entre otros, de tres mil 500 kilogramos de fentanilo.

En suma, según el mando militar, contribuye con el 47 por ciento al esfuerzo nacional en materia de seguridad pública. Pero en los hechos, la realidad es otra: más de 190 mil asesinatos en cinco años y la creciente expansión del crimen organizado por todo el país.

En Oaxaca apenas hay siete mil 400 efectivos, distribuidos en 14 compañías, cifra que es mucho menor que la suma de los policías estatales y municipales.

Con polémicas, en cinco años ha estado construyendo sus propios campamentos pero basados en modelos militares; no hay ni cinco sedes concluidas en todo el estado.

En los hechos, es común y cotidiano ver a los camiones y elemento salir de las bases militares, como la ubicada en la XXVIII Zona Militar de Santa Maria Ixcotel.

No se conoce hasta ahora que por alguna investigación de esa corporación federal, en Oaxaca se estén deteniendo a integrantes de la delincuencia organizada o desarticulando bandas.

Prácticamente todos los días hay sesión de la Mesa de Seguridad en Oaxaca, en que participan militares y civiles, pero la ola criminal continúa; en promedio, al menos dos personas son asesinadas en la entidad; mucho menos se ven acciones preventivas y de disuasión.

LA POLÉMICA

Por otra parte, tres semanas han bastado para confirmar que Claudia Sheinbaum acatará hasta la última coma en las instrucciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

De hecho, la imposición de la ahora Presidenta electa de México no es más que el anhelo del mandatario nacional de concretar sus anhelos pendientes, así no esté al frente del poder; así tenga que mangonear a quien tenga que mangonear; así regrese a la escena pública para ayudar a Claudia, “por razones de Estado.

Una muestra de la imposición obradorista es precisamente el caso de la Guardia Nacional.

El pasado domingo 23 de junio en Oaxaca, Claudia Sheinbaum afirmó que en octubre, cuando tome protesta en el cargo, se consolidará la Guardia Nacional como parte de la Sedena.

«La Guardia Nacional en tan solo cinco años ya tiene el reconocimiento del pueblo de México, nos corresponde a partir del 1 de octubre seguir fortaleciendo y consolidar a la Guardia Nacional como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional con la reforma constitucional que está en puerta en el Congreso de la Unión», expresó entonces.

Sus palabras generaron de inmediato reacciones acerca de la militarización del país y tuvo que recular, sólo mediáticamente, para decir que la política de seguridad pública seguirá emanando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Con mayoría en el Senado, la Cámara de Diputados y los congresos locales, seguramente que otra vez el gobierno federal insistirá en que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Sedena, con lo que los militares adquirirán mayor poder en el país.

En los últimos días la polémica y preocupación han resurgido por esa determinación, como por ejemplo de Amnistía Internacional y el colectivo #SeguridadSinGuerra, por el uso de militares en tareas de seguridad pública en México. 

“Desde 2006, la estrategia militar no ha logrado reducir el tráfico de drogas ni la violencia, y ha tenido un impacto negativo en los derechos humanos”, según publicó recientemente el sitio informativo Infobae México.

La principal crítica se refiere a la militarización de la Guardia Nacional (GN), operada por militares “comisionados”. Se argumenta que la seguridad pública debe estar a cargo de las policías civiles, mientras que el rol de las fuerzas armadas debería limitarse a proteger al Estado de amenazas externas. “Actualmente, los militares han desplazado a las policías civiles a nivel federal, y líderes exmilitares ocupan puestos clave en diferentes niveles.

Información alarmante muestra que al menos seis de las catorce sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra México involucran violaciones perpetradas por militares, incluyendo tortura, violencia sexual, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. 

“Según Amnistía Internacional, esta situación viola tanto el orden jurídico mexicano como las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de México”, refiere la información.

No obstante ello, el gobierno federal próximo está decidido a seguir al pie de la letra las instrucciones de López Obrador en todos los órdenes, incluyendo la Guardia Nacional. Pero, paradójicamente, no hay ninguna iniciativa para medir o exigir mayores resultados a la corporación, que será fortalecida, pero militarmente.

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