Por Ernesto Reyes

Algo huele a podrido en la reciente inhabilitación y destitución por presuntas irregularidades administrativas y “desvío de recursos” de la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO), Elizabeth Sánchez González. La presidencia del Instituto (a cargo de manera provisional en segunda ocasión por el consejero Alejandro Carrasco Sampedro) es una posición muy ambicionada y ello se refleja en la crisis por la que atraviesa. En lugar de dejar que el órgano autónomo actúe de manera independiente, como es su naturaleza, hay quien ha llevado a la presidenta al linchamiento mediático y a defenestrarla.

En esta tarea destaca quien hasta esta semana fue el encargado de despacho de la Contraloría interna del instituto, Salvador Alejandro Cruz Rodríguez. Éste acaba de ser relevado por la nueva Contralora, Rosa Elia Vásquez Flores, de quien se espera venga a contribuir con la estabilidad del IEEPCO y no se deje llevar por “grillas” internas.

Sánchez González ha encabezado su propia defensa y sus gestiones hicieron eco en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) que apenas interpuso un juicio electoral ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra de la inhabilitación por un periodo de tres años -que le dictó el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción de Oaxaca-, con el argumento de que el INE es la única institución con facultades para remover al titular de un organismo público electoral local.

El Tribunal de Justicia Administrativa la inhabilitó una primera vez para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas. Lo anterior relacionado con un presunto desvío de recursos por más de 19 millones de pesos que el ex encargado de la Contraloría le acreditó, apoyado en una auditoría. Una segunda sanción del Tribunal se había impuesto horas después de que Sánchez González había obtenido un amparo de la justicia federal el cual ordenaba que fuera restituida en el encargo.

Las acusaciones llevaron en esta semana a que un juez local la vinculara a proceso, imponiéndole la medida cautelar de arraigo domiciliario por considerarla “una persona peligrosa”. Dicho exceso pudo motivar la intervención del INE a que aludo al principio.

No parece haber motivos suficientes como para expulsar del órgano electoral a una mujer que, si bien podría haber incurrido en inconsistencias o errores administrativos al momento de ejercer sus atribuciones -las de ella o de personas subalternas- salvo el interés por debilitar su posición en la presidencia, que los ha llevado a extralimitar procedimientos jurídico-administrativos, dañando su prestigio personal y profesional.

La acusada afirma que dicha sentencia no acredita el desvío de recursos públicos, aunque acepta que pudo haber “descuido en las formalidades para la aplicación de la normatividad que regula los procedimientos de contratación, adquisición, arrendamiento y servicios, de acuerdo con los rangos que prevé el presupuesto de egresos del Estado”.

Tampoco se acredita que las personas señaladas – ella y la coordinadora administrativa-hayan obtenido un beneficio económico a su favor ni que tuvieran antecedentes por incumplimiento de funciones o que hubieran sido sancionadas con anterioridad por falla administrativa alguna. Como la sentencia no es definitiva, ambas tienen derecho a proceder conforme a derecho y continuar la cadena de impugnación a dicha resolución.

Lo grave – ha dicho- es que el Tribunal impuso efectos inmediatos a su sentencia vulnerando su propia normatividad y el derecho a la defensa de las personas señaladas, lo cual atenta de forma flagrante contra sus derechos civiles, políticos y laborales.

Con su defensa jurídica busca sentar “un precedente que ayude a que ninguna mujer tenga miedo a sufrir esta persecución por atreverse a ser titular de un órgano autónomo del Estado o ejercer algún cargo público”. Es más, advirtió, su caso no debe convertirse en un mal ejemplo de lo que les puede pasar a las mujeres que no son condescendientes con un sistema racista, clasista, machista, misógino y patriarcal al interior de las instituciones…”.

Es claro que la exconsejera de raíz indígena es objeto de una persecución política y administrativa, pues se le ha tratado de remover en cuatro ocasiones, haciéndole nugatorios sus derechos a tener una defensa apropiada. Organizaciones de mujeres han salido en su defensa al considerar que se está cometiendo en su persona una injusticia.

Y mientras existe un juego de vencidas que afecta las tareas sustanciales del Instituto, faltan menos de 30 días para las elecciones. ¿Qué pasaría si se le restituye nuevamente después de aclarar los señalamientos y acusaciones? ¿La dejarán trabajar? ¿Quién mueve las aguas en el IEEPCO como para ocasionar una crisis de esta envergadura?

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