Por Ernesto Reyes

En una entidad con problemáticas agrarias añejas, Oaxaca ha sido escenario de atroces matanzas que enlutan a familias y pueblos enteros. Las masacres del pasado fin de semana, en la mixteca, empañaron la visita presidencial y dañaron la línea de flotación del gobierno de Salomón Jara. No lo llevarán a una crisis de gobernabilidad, a pesar de la primera petición en serio de que renuncie, planteada por la cineasta Ángeles Cruz, luego del asesinato de su hermano, Román Cruz Murillo, porque lo cubre el manto del poder presidencial. Pero abre la puerta a que cada vez, y con mayor énfasis, la sociedad exija mejores resultados en temas de seguridad pública y atención a conflictos que cuando estallan exponen a su administración en la discusión nacional.

A pesar de que trabaja para entregar resultados a Claudia Sheinbaum, ubicando a sus más cercanos en las candidaturas, el mandatario debe evaluar, cuando ya consumió el primer año de ejercicio, si escogió bien a integrantes de su equipo pagándole favores con un cargo público. O bien, aprovechar el fin de año para deshacerse de los que ya reprobaron la curva de aprendizaje.

El genuino interés de López Obrador por saldar la gran deuda con Oaxaca, lo trae seguido a verificar obras de infraestructura social. Pero los informes que iba recibiendo, hace una semana, eran los cinco muertos en la emboscada contra vecinos del municipio de San Miguel El Grande y otras nueve personas, originarias de Santiago Mitlatongo, atacadas en jurisdicción de Magdalena Jaltepec.

Las divisiones y enemistades de los núcleos agrarios mucho tienen que ver con la manera desordenada con que se llevó a cabo el reparto agrario, específicamente con las pésimas mediciones del personal técnico de las instituciones agrarias federales; la superposición de planos, las ejecuciones virtuales -es decir dictadas desde el escritorio, sin acudir físicamente a las comunidades-, aunado a actos ilegales de juzgadores corruptos, líderes venales y asesores ambiciosos. Existen más de 300 conflictos vivos, de los cuales una veintena se consideran “focos rojos”.

Estos temas los atiende el gobierno federal, por disposición constitucional, pero Oaxaca, coadyuva en su resolución a través de la Secretaría de Gobierno y la Junta de Conciliación Agraria, esta última en manos todavía de un exfuncionario muratista; dependencias en donde no hay mucha empatía con los demandantes de diálogo. Existen, para su descargo, incumplimiento de las comunidades agrarias ante las minutas, acuerdos y pactos suscritos, en una dinámica desgastante para todos. Hasta la construcción de la súper carretera a la costa tuvo que retrasarse varios años porque dos pueblos del Distrito de Sola de Vega no llegaban a un acuerdo.

Para determinar quién tiene la razón jurídica, hoy existen tribunales agrarios, luego que desapareciera la Secretaría de Reforma Agraria. A la conciliación agraria le sucede un poco lo que a la Profeco: no cuenta con dientes jurídicos, personal y presupuesto para cumplir con sus funciones. Esta situación se viene arrastrando porque los asuntos de los comuneros y ejidatarios a muy pocos políticos les interesan. Proponen diálogo y mecanismos de conciliación, pero lo único que desean es ganar tiempo para administrar el conflicto, no para resolverlo, dejando que le estalle al siguiente sexenio. La misma receta le aplicó Alejandro Murat a Salomón Jara.

Después de las 14 personas fallecidas – dos de ellas efectivos de la Agencia Estatal de Investigaciones enviados prácticamente al matadero y, otro, el hermano de Ángeles Cruz- los gobiernos acordaron restablecer la vigilancia y gobernabilidad en éstas y otras zonas delicadas, aprehendiendo inicialmente a dos de los presuntos “autores intelectuales”, y creando una comisión interinstitucional entre servidores federales y estatales que promete actos de justicia, paz, seguridad y diálogo, paralelamente al uso de drones, inteligencia policial y presencia de tropa o vigilancia policial.

Esperamos que el rastreo por aire alcance el éxito deseado, ante la imposibilidad de operativos de desarme en localidades que escupen balas como argumento para hacer sentir un poder que puede estar vinculado a traficantes de madera y otro tipo de delincuencia, así como a grupos políticos, organizaciones y partidos.

La agresividad de habitantes de Santo Domingo Teojomulco, sectores del magisterio y normalistas, más los grupos que se manifiesten por diversas causas, puede deberse a que ya descubrieron el “talón de Aquiles” de quienes hace poquísimos años convocaban a movilizaciones (legítimas y otras no tanto), pero hoy están obligados a contener la fuerza pública y no ejercer el poder legítimo del Estado a fin de no caer en provocaciones, como es la línea del gobierno federal. El recuerdo de lo sucedido el 2006 y en Nochixtlán todavía está fresco.

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