Por Paola Flores
Sin consulta previa, sin documentos técnicos disponibles y en total opacidad, autoridades municipales y estatales dieron inicio a una prueba piloto del Centro de Transferencia de Residuos Sólidos, ubicado en el municipio vecino de Santa Cruz Xoxocotlán, pero que afectará directamente al territorio de la Tercera Sección de San Antonio de la Cal, denunciaron este lunes integrantes del Comité Comunitario local.
El domingo 6 de abril, en un acto calificado como “unilateral, arbitrario y violatorio de derechos”, se firmó un convenio que da paso al funcionamiento parcial del centro, sin que la ciudadanía tuviera conocimiento o diera su consentimiento. “No hubo consulta, ni información, ni participación real”, advierten.
Una imposición con nombre y apellido
De acuerdo con el pronunciamiento emitido por el Comité Comunitario de la Tercera Sección, presidido por Elibet Xala Vásquez, la firma del convenio se realizó sin respetar los principios de legalidad, participación ciudadana y transparencia. “Se trata de una violación directa a derechos fundamentales, como el acceso a la información, la consulta libre e informada, el derecho al agua, a un medio ambiente sano y a la salud”, señalaron.
Hasta el momento, denuncian, no se ha entregado el proyecto ejecutivo del centro, ni los estudios de impacto ambiental o urbano, ni permisos de uso de suelo o licencias de construcción. Tampoco se ha instalado la geomembrana para prevenir la contaminación por lixiviados, a pesar de que se prometió que la comunidad sería testigo de ese proceso.
El incumplimiento va en contra de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como de la NOM-083-SEMARNAT-2003, que regula los requisitos técnicos para estos espacios.
Comité “a modo” y violencia política
La comunidad eligió democráticamente a su comité representativo en 2022, pero el presidente municipal, Porfirio Santos Matías, se ha negado a reconocerlo. En su lugar, impuso un comité paralelo encabezado por Primitivo López Reyes, quien trabaja para el ayuntamiento y ha sido señalado públicamente por actos de violencia contra mujeres y niñeces.
“La violencia política de género ha sido una constante contra nuestra presidenta comunitaria, Elibet Xala Vásquez. No se le ha permitido ejercer sus funciones libremente”, denuncian.
Según la comunidad, este comité ilegítimo ha operado para legitimar el proyecto a cambio de promesas de obras públicas, como pavimentaciones, drenajes y escuelas. Estas prácticas son vistas como mecanismos de coacción política que vulneran el consentimiento libre e informado de la población.
Camiones, contaminación y promesas rotas
Aunque se había asegurado que se construiría un libramiento para evitar que los camiones de basura cruzaran por las calles de San Antonio de la Cal, hasta hoy no hay rastro de la obra. En cambio, este lunes arrancó la prueba piloto con el ingreso previsto de al menos 25 camiones diarios.
Los habitantes temen un aumento en la contaminación del aire, ruido, riesgos sanitarios y el colapso vial. “A esto se suma la crisis hídrica que vivimos. Nos envían agua cada mes y medio, mientras que otras secciones que aceptaron el proyecto reciben agua semanalmente. Es un castigo institucional”, acusan.
“Se burlaron de nosotros”: denuncian trato indigno
Durante reuniones con personal de Gobernación, representantes comunitarios aseguran haber sido objeto de burlas, interrupciones groseras y desdén. “Se han comportado de forma revictimizante, sin ética institucional ni voluntad de diálogo”, dicen.
Además, señalan que otras colonias que aceptaron el centro de transferencia a cambio de escuelas hoy enfrentan otro tipo de abandono: planteles sin clave oficial, sin infraestructura básica y sin reconocimiento formal.
La comunidad exige transparencia y respeto
Las y los habitantes de la Tercera Sección han reiterado que esta lucha no tiene filiación partidista y que hasta ahora ha sido una defensa legítima del territorio por parte de vecinas y vecinos organizados. Sin embargo, ante el cierre de canales institucionales, están valorando aceptar el acompañamiento de organizaciones civiles, académicas y defensoras de derechos humanos.
Entre sus exigencias se encuentran:
- Suspensión inmediata de la prueba piloto hasta que se transparente el proyecto.
- Cancelación del convenio firmado sin consentimiento ciudadano.
- Reconocimiento del Comité Comunitario electo en 2022.
- Investigación contra autoridades implicadas en irregularidades.
- Garantía de los derechos al agua, al medio ambiente sano y a la participación ciudadana.
- Cumplimiento de compromisos de infraestructura básica.
- Que las decisiones sobre el territorio se tomen con la ciudadanía, no a sus espaldas.
- Una disculpa pública de funcionarios de Gobernación por su trato indigno.
“La defensa del agua, del territorio y de la vida no puede ser criminalizada ni ignorada. Decimos no al centro de transferencia impuesto, y sí a una comunidad que decide con dignidad”, concluyen.
