Por Ismael García M./Zona Roja

La violencia y la crisis en el Instituto Electoral, aunado a la ambición de los actores políticos, están derivando en un peligroso coctel, que puede terminar mal en Oaxaca.

Cada tres años, justamente son las presidencias municipales las que desatan una mayor ambición por el poder y el dinero, lo que deriva en pugnas, enfrentamientos y en crímenes.

Son poderosas razones: los millones de pesos que manejan anualmente los municipios; ahora prácticamente en su totalidad, los ayuntamientos tiene a su asesor-despacho contable que le limpia todas las cuentas, aún del dinero producto de la corrupción, además de “ejecutar” las obras.

Y a eso hay que agregarle la sombra del crimen organizado, que día con día sienta sus reales en Oaxaca y que cotidianamente deja huella por todos lados, con asesinatos y ejecuciones.

Como sucede a lo largo y ancho del país, también pone y quita candidatos a un cargo de representación popular.

La corona o el acabóse es la grave crisis en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana con el caso de Elizabeth Sánchez González y cuya presidenta suspendida temporalmente, curiosamente, ha tenido poco eco y respaldo político y social.

ÁRBITRO ¿VENDIDO?

Desde septiembre pasado el encargado de la Contraloría del IEEPCO, Salvador Alejandro Cruz, difundió un presunto desvío de recursos o irregularidades por cerca de 20 millones de pesos, supuestamente cometidos por la presidenta del Consejo General.

Curiosamente también, las baterías sólo se enfocaron en contra de ella y su contadora y no contra todos los integrantes de las comisiones encargadas de las licitaciones y las compras.

La presidenta fue suspendida por un mes pero rebatió y logró que, antes del plazo, fuera restituida del cargo.

Pero, presuntamente desde el Palacio de Gobierno y desde Morena, surgió otra arremetida, al darse a conocer el 10 de abril pasado una resolución del Tribunal de Justicia Administrativa en que la suspendían del cargo a ella y a la jefa administrativa, por un año.

Las prisas hicieron que dicho tribunal dejara establecido que la sentencia sería efectiva hasta que causara ejecutoria, lo cual le valió una llamada de atención y de nuevo reculó el órgano, que encabeza Mateo Martínez, y quien por cierto fue impuesto “fast track” en ese cargo.

Entonces tuvo que intervenir el Instituto Nacional Electoral, el 17 de abril, para hacer saber al IEEPCO que tendría que designar a una o un presidente encargado hasta por un mes, en tanto Elizabeth Sánchez aclaraba legalmente su situación.

Con su silencio, los consejeros prácticamente la han lapidado, al igual que los representantes políticos en el instituto electoral, salvo el PRD, único partido que salió en defensa de Sánchez González.

Poco eco también en los organismos civiles y mucho menos de las feministas, que se rasgan la vestidura por menos. Es decir, todos se han confabulado para sentenciar ya a la presidenta del IEEPCO con licencia.

Y todo ello ocurre en el marco del proceso electoral 2023-2024, al que le queda poco más de un mes. 

En el órgano electoral las cosas no están bien y largo sería enumerar los yerros e irregularidades, como la asignación directa de licitaciones, pero el más grave, es la crisis institucional que enfrenta y que, irremediablemente, mina la confianza en el árbitro electoral.

VIOLENCIA CRECIENTE

En Oaxaca son al menos dos casos de personas que han sido asesinadas en el actual proceso electoral y que estaban relacionadas directamente con una postulación.

Es el caso de Alberto Antonio García, quien fue secuestrado junto con su esposa Agar Cancino, la presidenta municipal de San José Independencia, tras salir de su domicilio en el municipio de Loma Bonita.

Fueron hallados dos días después, en una isla de San Miguel Soyaltepec; el varón, candidato a suceder en el ayuntamiento a su esposa, sin vida y con huellas de tortura; la mujer, con vida pero también con huellas de violencia.

Lamentablemente la pareja no tuvo el respaldo de su partido, Morena, pues el presidente del partido, Benjamín Viveros, evadió el tema e incluso dijo que aún no estaba confirmada la designación de Alberto Antonio como candidato.

En San Pedro Pochutla, el pasado 12 de febrero fue asesinada Luisa G., madre de familia y aspirante a la alcaldía de ese municipio, por parte del Partido Nueva Alianza.

Según las declaraciones de la diputada Adriana Altamirano, la asesinaron tras salir de una reunión política y como tal consideró el crimen, pero las autoridades estatales desestimaron que fuera en el marco del proceso electoral.

Oaxaca no es una isla y lamentablemente los hechos violentos seguirán sucediendo en el poco más de un mes que queda de campañas políticas.

Ya ni se diga de la situación nacional pues, de acuerdo con información de “Expansión Política”, con base en datos de Causa en Común, al 19 de abril suman 39 actores políticos asesinados, de los cuales 27 buscaban un cargo de representación popular.

¿QUÉ HACER?

De manera frecuente, el gobernador Salomón Jara Cruz encabeza reuniones de mesa de seguridad no sólo en el Palacio de Gobierno, sino también en la Zona Militar, Santa María Ixcotel, y en el interior del estado.

Participan los principales funcionarios del área, entre ellos la Secretaría de Gobierno, la Sedena, la Marina, la Fiscalía General, la Secretaría de Seguridad, entre otros.

Pero inexplicablemente los resultados por parte de sus funcionarios no están a la vista: Tehuantepec, Salina Cruz, Matías Romero, Juchitán, Pinotepa… la misma situación de grave violencia. 

Alguien o algo falla, pues todos, absolutamente todos, conocen el mapa delictivo y las cabecillas que generan la violencia, pero a la hora de ejecutar órdenes o frenarlos, pues nada más no hay concreción.

También, desde el inicio del proceso electoral se instaló una llamada Mesa Operativa de Seguimiento Electoral (MOSE), desde la cual se supone le dan seguimiento a los conflictos y los probables conflictos en el marco de los comicios.

A mediados de abril, tenían catalogados 36 municipios de alto riesgo, 10 de riesgo medio y 23 más se encuentran en monitoreo. De estos, 21 se rigen por Sistemas Normativos Indígenas, “sin que el actual escenario represente hasta ahora un impedimento para la instalación de casillas el próximo 2 de junio en el territorio estatal”.

De los casos de violencia política en razón de género, radican ante la Fiscalía General del Estado 15 carpetas de investigación, 22 cuadernos de antecedentes y 11 expedientes.

Entonces, de persistir la crisis en el IEEPCO, indudablemente que derivará en un conflicto postelectoral y todos tomarán bandera para culpar a los demás de los resultados, sin haber hecho antes algo para remediar la problemática.

En materia de seguridad, algo falla y las autoridades de los tres niveles de gobierno tendrán que reforzar sus acciones para evitar un colapso en pleno proceso comicial y después.

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