*La sentencia de este lunes es criminalización, acusa el líder comunitario 

Por Paola Flores

David Hernández Salazar, agente comunitario de Puente Madera, Oaxaca y opositor al Polo de Desarrollo para el Bienestar (Podebi) que pretenden instalar en San Blas Atempa, fue hallado culpable este lunes por la quema de vehículos y daños a terceros durante una manifestación en octubre del 2022. 

En entrevista el defensor (que ha llevado su proceso en libertad) detalló que durante la narración de los hechos y los testimoniales a lo largo de una audiencia que duró 14 días, su inocencia se comprobó, sin embargo la sentencia del juez sobre la causa penal 446/2022 no le favoreció. 

“Me halló culpable de los hechos que ocurrieron aquí a la altura de Puente Madera hace casi dos años. En ese momento yo como representante de la comunidad acudí a ver qué estaba pasando, la gente estaba muy molesta porque les quieren quitar sus tierras y el pueblo molesto a veces reacciona de manera muy radical y se cometen esos actos”, explicó. 

En octubre de 2022, personas que se identificaron como seguridad privada del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) instalaron una lona con la leyenda “PROPIEDAD DEL CIIT” en las tierras donde se planea instalar el Polo de Desarrollo. 

Lo anterior derivó en una confrontación entre los habitantes de Puente Madera y las autoridades. Los primeros acusaron al CIIT de intentar privatizar sus tierras.

La comunidad indígena binniza de Puente Madera inició desde el 14 de marzo de 2021 la defensa de las tierras de uso común conocidas como El Pitayal, tramitando diversas acciones legales para hacer exigible su derecho a la autodeterminación. 

David Hernández, quien también integra la coordinación general de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), narró que a partir de octubre del 2022 se fabricaron los delitos que se le imputan.

En los testimoniales de la audiencia se dijo que él había rociado de gasolina los coches que se incendiaron. Sin embargo, las personas que se presentaron como testigos no se encontraban en el lugar el día de la manifestación. 

“Los dos habitantes de Puente Madera que testificaron nunca estuvieron en los hechos, son cómplices de las autoridades municipales de San Blas Atempa y se han prestado a todo esto”, dijo. 

El defensor de derechos humanos señaló que esto evidencia la fabricación de delitos en su contra.

“Los tres niveles de gobierno intervienen en esto, desde un principio el presidente de San Blas Atempa, el gobernador del estado y el gobierno federal tienen conocimiento de cómo se ha dado el procedimiento para la aprobación de este parque industrial”. 

La comunidad tiene pruebas y evidencias de la corrupción y de la imposición para llevar a cabo el Podebi, “a través de firmas falsificadas de comuneros, de asambleas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) donde llevan a puros acarreados, todas esas pruebas las tenemos”. 

Pese a todo ello y al desgaste que representa un juicio como éste, David Hernández está seguro que la lucha por “El Pitayal” sigue, “el gobierno quiere intimidarnos, que nosotros sintamos ese miedo de que nos pueden encarcelar, pero nosotros seguimos defendiendo nuestro territorio.”

David está seguro de que los habitantes de Puente Madera están muy conscientes de que la lucha no es sólo suya:

“No es de un dirigente o un comité, la lucha es de un pueblo, ellos no van a detenerse por este proceso ni por la criminalización hacia los defensores. El pueblo va a seguir con su lucha”,  

El próximo siete de febrero el juez determinará las sanciones por los delitos que se le imputan. Su abogado trabaja en amparos para evitar que vaya a prisión. Las 17 ordenes de aprehensión contra habitantes de Puente Madera también están por definirse. Por el momento cuentan con un amparo para evitar ser detenidos. 

El pasado 18 de octubre de 2023, David Hernández Salazar fue notificado de la Carpeta de Investigación FED/OAX/SC/0001589/2021, en la cual lo acusan del delito de Ataques a la Vías de Comunicación. La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía General de la República por la representación legal de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Ese proceso sigue en curso.

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