Por Paola Flores 

Organizaciones, personas defensoras y periodistas presentaron un informe del contexto oaxaqueño en materia de derechos humanos durante los últimos cuatro años, esto en el marco del  Examen Periódico Universal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), capítulo: México. 

Hoy en el patio del Centro Cultural San Pablo y con la participación de ONU-DH Mexico y del Colectivo EPU.MX; la organización Servicios para una Educación Alternativa A.C. (Educa), Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, la Red Nacional de Abogadas Indígenas, el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, y el Centro de Apoyo para la Educación y Creatividad Calpulli, calificaron a las las administraciones priistas y morenistas de impunes, omisas, negligentes, corruptas y desinteresadas en cuanto a derechos humanos se refiere. 

El informe Entre el PRI y Morena, retrocesos, impunidad y simulación documenta las principales deudas y omisiones del Estado, tanto en la administración del exgobernador, Alejandro Murat como del morenista Salomón Jara, entre las que destacan; falta de transparencia, órganos autónomos supeditados, violencia política en razón de género, violentadores en cargos públicos, un aumento exponencial de feminicidios y la militarización de comunidades en donde los pueblos luchan en contra de megaproyectos.  

Yésica Sánchez Maya, representante de Consorcio dijo que “los partidos van y vienen, las fuerzas políticas se acomodan, sin embargo la realidad de política pública, de presupuesto, de acción a favor de los derechos humanos de mujeres, niñeces, pueblos, comunidad y medio ambiente se miran totalmente mermados.”

Destacó que existe una crisis en la impartición de justicia, pues los procesos de elección de titulares en órganos autónomos claves para la política de derechos humanos y procuración de justicia, están supeditados al poder oficial. 

En el caso de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), detalló, los dos últimos nombramientos en 2021 y 2023 fueron impuestos desde el Ejecutivo. Además tanto Arturo Peimbert como Bernardo Alamilla fueron primero titulares de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. 

En ese mismo sentido Flora Gutiérrez Gutiérrez de la Red Nacional de Abogadas Indígenas exigió a los tres niveles de gobierno cumplir con los marcos legales, la Constitución y los marcos convencionales. 

Habló de la militarización de la seguridad y dijo que Oaxaca no es ajena a ello, “aquí hay ejemplos muy específicos, en el Istmo de Tehuantepec la seguridad está a cargo de la Marina, de la Guardia Nacional, del Ejército y solo para cuidar intereses del gobierno y de empresas transnacionales, atentando contra el derecho a la autonomía, a la libre autodeterminación de los territorios, atentando y criminalizando a las defensoras y defensores indígenas del territorio y de los derechos humanos,” denunció. 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) inició 77 quejas contra la Guardia Nacional (19 quejas en 2020, 25 en 2021 y 33 en 2022).

Por su parte, Marcos Leyva Madrid de Educa acusó que la falta de voluntad política ha sido el principal obstáculo para enfrentar la grave situación por la que atraviesa el estado, “la paz (entrecomillado) es solo una narrativa gubernamental y parte de la simulación”. 

El informe contempla nueve secciones y un capítulo de recomendaciones, entre ellas: 

  • Detener la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, en prioridad en las comunidades indígenas donde se pretende imponer megaproyectos. 
  • Establecer un marco legal que garantice que las empresas periodísticas cumplan las obligaciones legales con las y los trabajadores de los medios de comunicación, como salario mínimo, seguridad social y prestaciones de ley.
  • Cumplir a cabalidad las opiniones del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Abritrarias de las Naciones Unidas sobre casos de personas defensoras de Oaxaca, garantizando en prioridad la liberación de Pablo López Alavez. 
  • Implementar programas integrales de manejo de residuos sólidos con pertinencia técnica, cultural y de respeto a los derechos humanos que cumpla con estándares internacionales en materia de reparación del daño y medidas compensatorias.
  • Generar un mecanismo de seguimiento con rendición de cuenta anual respecto al cumplimiento de las recomendaciones hechas al Estado mexicano en todos los ciclos del EPU. 

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