Por Ernesto Reyes

La reforma al Poder Judicial va. No habrá ni debe haber marcha atrás, pues así lo decidió la gente mediante una copiosa votación a favor del Plan C que logró el partido en el gobierno junto con sus aliados para alcanzar mayoría calificada en la cámara de diputados. En el Senado unos pocos votos se requieren para aprobar los cambios constitucionales para avanzar en la agenda de la Cuarta Transformación.  

Este jueves se realizó el Primer Foro de los Diálogos Nacionales para la Reforma al Poder Judicial en el que por primera ocasión en la historia aparecieron públicamente varios ministros de la Corte, en el parlamento abierto, para expresar posturas y opiniones a favor y en contra de esta iniciativa presidencial.

Un sector de los togados si bien acepta participar en este proceso, se pronunció porque la reforma se lleve a cabo de forma gradual, es decir que sea paulatina entendida la expresión como escalonar el relevo (solo cuando haya vacantes) pero no cambiar a quienes “ya adquirieron experiencia”.

Abogan por no tocar a todo el cuerpo de jueces, magistrados y ministros a nivel nacional; solamente cuando renuncien o se jubilen. Como dice el clásico: cambiar para que todo siga igual: una simulación más, y que predomine el mundo intocado en el que han vivido integrantes de los poderes judiciales, tanto en la Federación como en los estados de la República.

A nivel nacional sigue prevaleciendo el tráfico de influencias, donde gana el que tiene más dinero; la liberación de presos “especiales” los fines de semana; la protección a capos del dinero y el narcotráfico que se siguen burlando del sistema de procuración e impartición de justicia, etcétera. Y las condenas sin miramientos a los más débiles.

A tanto ha llegado la soberbia, que la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura puesto en unas solas manos se ha dedicado a conspirar contra el Ejecutivo y hasta inmiscuido en las elecciones, con el fin de impedir que llegara Claudia Sheinbaum a la presidencia.

En el primer debate se expresaron puntos de vista sobre temas concretos en torno a la iniciativa de reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue el primero de nueve foros como lo planeó la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados a fin de que, en septiembre próximo, cuando inicie la 66 legislatura, exista consenso suficiente para llevar a cabo la transformación del poder judicial. Se hará con base en los modos y tiempos que así lo determine dicha soberanía.

Se expusieron dudas y, en algunos casos, abierto rechazo a la participación popular para que se escoja libre y democráticamente a las y los integrantes del poder judicial. Siguen creyendo que, aunque se conozca el perfil y antecedentes de las personas propuestas, incluyendo a quienes ya ejercen tales responsabilidades, la gente sería incapaz de emitir una mejor opinión que las cúpulas del poder y los partidos que actualmente los nombran en discretas negociaciones.

Escuchamos expresiones como que “se va a abandonar la carrera judicial, el mérito y la experiencia”, argumentando que la reforma no ofrecería solución integral a los problemas que aquejan al sistema de justicia del país. Y que la elección abierta de jueces, magistrados y ministros puede resultar perjudicial para la justicia. Se resisten a creer que “30 años después -de las reformas de Ernesto Zedillo- se trate de convencer al pueblo, desde el gobierno, que el sistema de justicia solo haya traído corrupción, ineficacia o tráfico de influencias”.

Contrario a la negativa a que se mueva tan solo una coma a la legislación actual, otras ministras y participantes adujeron que “la justicia en México es cara, elitista, desgastante, humillante, lenta, inaccesible, inentendible, abusiva, misógina, clasista, corrupta, parcial: en una palabra, es injusta”. Y lo más vergonzante: “las puertas de la justicia están abiertas al tráfico de influencias y cerradas al pueblo de México”.

Una ministra cerró la discusión con esta idea central: “Las y los impartidores de justicia no somos los dueños del poder judicial; su único propietario es el pueblo mexicano que tiene, en todo momento, el inalienable derecho de modificarlo como parte esencial de su forma de gobierno”.

Una virtud de este proceso, como dice el presidente, es que el pueblo está empoderado y no habrá poder mediático, político o económico que impida la transformación de uno de los tres poderes del Estado. Que nadie se equivoque: la reforma es un hecho, se decidió el pasado 2 de junio. Solo falta ponerla en práctica.

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