Ismael García M./Zona Roja

Cinco muertos de San Lucas Quiaviní recorren pasillos y oficinas del Palacio de Gobierno de Oaxaca, para recordar la negligencia institucional, la politiquería de todas las partes, y la corrupción, que es también no saber o no poder desempeñar un cargo para el cual fueron electos.

Negligencia y corrupción que continúan recorriendo las oficinas de protección civil y forestal, además de las áreas de seguridad y gobernabilidad, pues a la fecha no hay un plan efectivo para prevenir y salvaguardar las zonas forestales, ante la cíclica temporada de sequías.

Porque siguen surgiendo incendios forestales y la respuesta de las brigadas oficiales es tardía, al grado de llegar a actos criminales, como sucedió en Quiaviní.

No hay, por ejemplo, alguna intención de proponer sanciones legales mayores a quienes generen un incendio que deriven en tragedias, que pueden ser humanas o ecológicas.

En materia informativa, en el sexenio pasado —y no estamos precisando que haya sido el mejor—, la Comisión Estatal Forestal daba a conocer semanalmente a través de sus redes sociales el número de incendios y la superficie afectada; incluso se requería la información por otros medios y no había ningún impedimento para acceder a los datos.

Pero ahora, el sexenio morenista de la “transparencia y rendición de cuentas”, parece que se trata de ocultar todo. A no ser en las conferencias de prensa semanal, donde a regañadientes se da la información, no se sabría como exactitud los daños a la superficie forestal.

FALLAS Y CULPAS

Fue el 27 de febrero en que comenzó a surgir el incendio en cerros de San Lucas Quiaviní pero, lo ha reconocido el propio gobierno a través de la Comisión Estatal Forestal, hasta el día siguiente comenzó a actuar, con el envío de una brigada de combatientes.

El día 28 partió un grupo de comuneros de ese municipio hacia la zona de la conflagración, donde cinco de ellos no regresaron y al día siguiente se confirmó que perdieron al vida, calcinados.

Y fue hasta entonces en que el gobierno de Oaxaca aseguró que un helicóptero y más brigadistas se hallaban en la zona. 

Pero la mayor crisis se desató el 1 de marzo, en que tanto pobladores de Quiaviní como de otras comunidades, como San Felipe Güilá, San Dionisio Ocotepec, entre otros, bloquearon al menos cuatro puntos de la carretera Oaxaca-México, en el valle de Tlacolula.

Y la respuesta institucional no fue suficiente pese al anuncio de la llegada de un helicóptero de la Marina, por lo cual al día siguiente, los pobladores retuvieron a siete funcionarios, incluido el acosador sexual Donato Vargas Jiménez, además de continuar los bloqueos.

Por fin ese sábado 2 de marzo se dijo que llegaría temprano la aeronave para ayudar a combatir el incendio. Pero las mentiras del secretario de Gobierno, Jesús Romero López, se acumularon: no llegó a temprana hora sino en la tarde, y cuando se disponía a realizar un viaje, hubo una falla.

No fue sino hasta el domingo 3 en que por fin… hizo seis vuelos de descarga de agua. Al día siguiente por la noche se declaró controlado el incendio, que se reactivó dos días después.

Y, como suele suceder en las tragedias, el gobernador morenista Salomón Jara Cruz, optó por culpar a los medios de comunicación y a las redes sociales, intentando emular, sin éxito, al Presidente Andrés Manuel López Obrador:

“Cómo creen ustedes que pueda haber solidaridad cuando hay mucho odio y aquí no debiera ser eso… Que nos solidaricemos, que seamos más humanos ante fenómenos como este tipo de acontecimientos.

“No le puedo decir a los portales, como el de ya saben quién, nos estuvieran pegando muy duro, que andábamos de parranda y andábamos en otros lados. Creo que eso no lo decían en el gobierno pasado; el gobierno pasado eran puras flores, puras rosas, ahora con nosotros pues porque ya se le acabaron sus privilegios; a Zona Roja, a… cómo se llama, la Garrapata, del señor éste que creo no puedo decir su nombre porque están, pero así es este tema, es terrible”, dijo el pasado 5 de marzo en su conferencia. Pero la realidad desnudó sus aseveraciones.

LA POLITIQUERÍA

¿Por qué reprocha el gobernador a los medios de comunicación la crítica en contra de quienes realmente privilegiaron la politiquería antes que la atención a las emergencias?

El propio mandatario estuvo el 1 de marzo, el día de la mayor tragedia, en la Ciudad de México, para acompañar el arranque de la campaña electoral de Claudia Sheinbaum.

Suponiendo, sin conceder, que haya pedido permiso para acudir a un acto proselitista, ¿qué pasó con los demás funcionarios responsables de atender las emergencias?

Por ejemplo, la Coordinación General de Protección Civil se encuentra acéfala,  porque su titular Mauro Cruz Sánchez anda en campaña, ilegal por cierto, en busca de un cargo de representación popular.

Funcionario, por cierto, con un paso gris por la Cámara de Diputados local en la Legislatura anterior, que no ha hecho absolutamente nada para prevenir los riesgos. En su lugar pusieron de encargada a Ana Cristina Sánchez Bautista, que para nada se le ha visto encabezar acciones, más que guardar el puesto de Mauro Cruz.

¿Ha exigido el gobierno estatal que los municipios cuenten con sus mapas de riesgo y atlas de protección civil? ¿Acaso ha promovido la capacitación en todos los sectores para mitigar afectaciones? O saldrán con la cantaleta común de que no hay dinero.

¿Y los legisladores? Especialmente los de la zona, como la morenista Haydeé Reyes Soto o el petista Noé Doroteo, diputados locales, o como Azael Santiago Chepi, legislador federal, que ni antes ni después acudieron a Quiaviní y pueblos afectados por los incendios.

¿Y quién le pidió al panista-priista Luis Armando Olivera, edil de Mitla, su intervención para politizar la tragedia y azuzar a los pueblos a movilizarse para afectar a los demás, en lugar de ayudar? ¿Qué representación tiene para arrogarse la solicitud de un helicóptero para combatir el incendio?

¿Y QUÉ PASÓ DESPUÉS?

Pero lo más preocupante es que, a dos semanas del inicio de la tragedia en San Lucas Quiaviní, no hay hasta ahora ninguna acción preventiva. Los incendios continúan y de manera extraoficial se sabe que suman más de 50 conflagraciones en poco más de dos meses, con más de tres mil hectáreas dañadas, incluyendo en la zona de Chimalapas.

Entonces, no se trata nada más de reprochar, sino también de actuar, de hacer, de prevenir. Si no, también se cae en la misma politiquería y en la misma corrupción que tanto se critica.

Lo cierto es que, como en el pasado que tanto se critica, Protección Civil estatal sigue siendo una fábrica de candidatos, que hacen pinitos políticos, en lugar de impulsar verdaderas acciones de prevención ante los desastres naturales.

Entonces, ¿quién miente y quién engaña? ¿Los políticos y funcionarios con sus hechos y acciones o los medios de comunicación que sólo retratan la realidad cotidiana?

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