Por Paola Flores 

El Gobierno Federal presentó una actualización del censo de personas desaparecidas en la cual reducen 15 mil 158 casos de los 114 mil 815 que reportó el Registro Nacional hasta el 15 de marzo de 2024.

Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, informó que el 22 de agosto de 2023, el número de personas desaparecidas contempladas en el registro era 110 mil 964, al cuál había que sumarle 9 mil 427 personas que desaparecieron al interior de la República, cuyos datos fueron subidos por las entidades federativas.

Lo que daba un total de 120 mil 391 personas, pero faltaba por actualizar que 5 mil 576 ya habían sido localizadas, por lo que al corte del 15 de marzo pasado, el registro contaba a 114 mil 815 personas. Alcalde precisó que a esta cifra había que restarle 15 mil 158 personas, cuya localización estaba pendiente de formalizarse. 

Quedando 99 mil 729 personas en el Registro. Sin embargo al hacer la sumatoria y resta, el total es de 99 mil 657 personas desaparecidas. 

Imagen retomada de la conferencia de prensa del presidente el 18 de marzo de 2024.

Esta irregularidad se suma a otras, incluyendo la confusión de nombres, pues se han localizado casos en los que el familiar que busca es el que aparece en el Registro y no la persona desaparecida. 

La secretaria también dijo que la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada ha localizado a 20 mil 193 personas; de enero a marzo de este año sumó 3 mil 512 personas a las 16 mil 681 del último reporte presentado el 14 de diciembre de 2023.

Detalló los casos de personas localizadas se segmentan en cuatro rubros: 4 mil 656 encontrados por las jornadas de búsqueda casa por casa; 4 mil 629 localizados mediante actas de defunción; 10 mil 717 hallados por informes de autoridades locales y 191 recluidos en centros penitenciarios.

Además planteó que no todos los casos obedecen a la comisión de algún delito, por lo que no son considerados como desapariciones forzadas. Aseguró que el 86 por ciento de las personas localizadas no fue víctima de delito, sino que se trató de una ausencia voluntaria; se ubicaron en su domicilio o alguno alterno. 

Buscadoras exigen medidas de seguridad

En contra parte y debido a los múltiples riesgos a los que se enfrentan día a día las personas buscadoras de personas desaparecidas —particularmente las mujeres—, que incluso han derivado en el asesinato de al menos 22 de ellas desde 2010, representantes de colectivos de búsqueda y organizaciones de derechos humanos que les acompañan —entre otras, la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, Fundación para el debido proceso (DPLF, por sus siglas en inglés), Artículo 19 y Centro Prodh— presentaron en audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una serie de peticiones para proteger la integridad y la vida de las buscadoras, en el marco de su 189 periodo de sesiones.

Las buscadoras y las organizaciones asistentes lamentaron la falta de interés por parte de las autoridades mexicanas de asistir de manera presencial a la audiencia y que no se contara con una representación de alto nivel de manera remota de autoridades como la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), además de la inasistencia de la Fiscalía General de la República (FGR). Esto da cuenta de la falta de priorización del Estado respecto a la crisis de desapariciones y a los riesgos para las buscadoras.

Durante la audiencia se destacó que, desde el momento en el que se convocó a ésta a finales de enero de este año, hasta que se llevó a cabo, asesinaron a dos personas buscadoras: Ángela Almeraz y Noé Sandoval. Además, continúa desaparecida Lorenza Cano, desde el 15 de enero de este año.

Alejandra Martínez, integrante del colectivo Por las Voces sin Justicia en Sinaloa, quien busca a su hermano Ismael Alejandro desde 2020, relató una de las estampas de la violencia a partir del asesinato de la buscadora Rosario Lilián Rodríguez Barraza tras una ceremonia religiosa organizada por el Día internacional de las Víctimas de Desaparición en 2022. Rosario había recibido múltiples amenazas previo al ataque sin que las autoridades hubieran proveído alguna protección.

El caso de nuestro colectivo y del asesinato de Rosario Lilián es algo que vivimos las buscadoras en todo el país, nos siguen, nos amenazan, nos amedrentan, nos criminalizan y revictimizan, pero seguimos buscando.

Enfatizó Martínez.

Bibiana Mendoza, integrante del colectivo “Hasta Encontrarte” en Guanajuato y quien busca a su hermano Manuel, habló sobre la negativa de las autoridades para reconocerlas como defensoras de derechos humanos e incorporarlas al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para brindarles protección derivada de su labor de búsqueda. “A la Comisión y al Estado Mexicano le decimos que somos defensoras de derechos humanos y que al negarnos la incorporación nos ponen en más riesgo”, expresó durante la audiencia.

Javier Barajas y María del Tránsito Piña, padres del buscador Javier Barajas Piña asesinado en 2021 tras buscar a su hermana Guadalupe, hablaron sobre los impactos de la impunidad, ya que hasta la fecha no hay sentencias condenatorias por los hechos.

Personas buscadoras en su audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Durante la audiencia se enfatizó que estos riesgos y agresiones se enmarcan en la falta de acciones concretas del Estado por atender la crisis de desaparición, lo que impone la carga de la búsqueda de sus seres queridos en las familias, que conlleva a mayores riesgos en tanto las buscadoras atestiguan que las acciones del Estado no son guiadas por una política para prevenir y dar respuesta a las desapariciones. Esto se ve reflejado en las recientes acciones de revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas cuyo resultado ha sido el de minimizar la dimensión de la crisis, al considerar como “confirmadas” únicamente 12 mil denuncias de las casi 115 mil.

El Estado se enfocó en el marco normativo interno y protocolos, sin atender los señalamientos de las buscadoras sobre la falta de implementación de las leyes en la materia, la falta de funcionamiento adecuado de la institucionalidad y una falta de coordinación entre autoridades, lo cual encrudece la situación de riesgo de las personas buscadoras. En particular, no se abordaron las dificultades que ellas enfrentan para ser reconocidas como defensoras de derechos humanos e incorporarlas en el Mecanismo.

Las Comisionadas y otros funcionarios de la CIDH expresaron su preocupación por los riesgos planteados en la audiencia, la falta del reconocimiento de las buscadoras como personas defensoras y manifestaron su compromiso de mantener un enfoque en la problemática, a través de la elaboración de un informe sobre desapariciones en México.

La comisionada Andrea Pochak, quien es relatora para México, habló de tres prioridades: el Estado tiene que acompañar activa y comprometidamente las búsquedas, debe fortalecer urgentemente la identificación forense y combatir la impunidad. “Que salir abuscar a sus seres queridos implique poner en riesgo su propia vida es intolerable”, expresó. Representantes de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH expresaron su solidaridad con las personas buscadoras y pidieron que el Estado aporte información sobre la falta de implementación de leyes, sobre la insuficiencia de recursos para la búsqueda y cuestionaron el objetivo del llamado “Censo” de personas desaparecidas.

Por su parte el representante de la ONUDH en México, Jesús Peña, destacó que la violencia exacerbada, sumada a la desprotección que enfrentan las personas buscadoras, ha llevado en los últimos meses a algunas mujeres buscadoras a hacer llamados desesperados a los grupos criminales para que no las agredan y les permitan realizar su labor sin miedo.

Tu opinión es importante