*Exigen que se aplique el estado de derecho en San Juan Lalana
Por Paola Flores
Los líderes de la Iglesia Cristiana Interdenominacional (ICIAR) denunciaron que la respuesta gubernamental ante la crisis por intolerancia religiosa en San Juan Lalana ha sido insuficiente.
En un pronunciamiento difundido por la Oficina del Pastor General este 26 de agosto de 2024, manifestaron su inquietud ante las inconsistencias que han percibido en el proceso de resolución de este conflicto.
Entre ellas, la convocatoria a una mesa de diálogo por parte de la Secretaría General de Gobierno, encabezada por Jesús Romero López, el 20 de agosto pasado, la cual no se llevó acabo y fueron culpados por ello.
Desde finales del 2023, los cristianos evangélicos en la ranchería Cerro Cajón, de la agencia San Isidro Arenal, en la comunidad chinanteca de San Juan Lalana han sido perseguidos por profesar una fe diferente al catolicismo.
En noviembre de ese año, cinco familias fueron expulsadas, otras han sido hostigadas y privadas de derechos fundamentales: se les impidió llevar a sus hijos a la escuela y también se les restringió el acceso a víveres y servicios básicos como luz, internet y agua.
Desde principios de agosto de 2024 el conflicto escaló con la quema de su templo en Cerro Cajón el seis de agosto y se agudizó aún más con el secuestro y tortura de tres mujeres el 21 de agosto.
La respuesta de las autoridades ha sido insuficiente, no evitaron que el pasado seis de agosto fuera quemado un templo evangélico en la ranchería de Cerro Cajón.
Oficina del Pastor General de la ICIAR
La ICIAR señala también otros delitos perpetrados contra sus miembros: el robo de sus pertenencias y la invasión a sus propiedades. Su exigencia hacia las autoridades federales, estatales y locales es que se aplique el estado de derecho en Oaxaca.
El abogado y defensor de derechos humanos, Porfirio Flores urgió en entrevista una reforma a los Sistemas Normativos Internos: “Los cargos religiosos son inconstitucionales en un estado laico. De ahí la necesidad de separar los cargos religiosos y civiles”, reiteró.
La DDHPO solicitó una medida cautelar para las personas afectadas por intolerancia religiosa
Por su parte, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió la Medida Cautelar 19/2024 dirigida al secretario de gobierno del Estado de Oaxaca; Jesús Romero López, al fiscal general del estado de Oaxaca, José Bernardo Rodríguez Alamilla; y al presidente municipal de San Juan Lalana, Lauro Pérez Sánchez.
Por presuntas violaciones a los derechos, a la dignidad, a la libertad (física y de culto), a la integridad y seguridad personal y a la propiedad, por parte de autoridades de San Isidro el Arenal.
Las medidas cautelares permiten proteger a una persona o grupo de personas en el goce de sus derechos humanos, siendo conscientes de que éstas deben cumplir con los requisitos de riesgo, urgencia e irreparabilidad del daño para proceder a su otorgamiento.
La DDHPO solicitó al secretario de gobierno del estado de Oaxaca y al presidente municipal de San Juan Lalana, se realicen de forma coordinada las acciones necesarias, suficientes e idóneas para que, tomando en consideración las especificidades de género y edad, así como otras condiciones particulares en las que se encuentren los agraviados, se salvaguarden sus derechos a la dignidad, a la libertad (física y de culto), a la integridad y seguridad personales y a la propiedad.
En caso de que existan conductas posiblemente constitutivas de delito, colaboren institucionalmente en el seguimiento de las mismas, así como en la aportación de pruebas, realizar las acciones necesarias para que, tomando en consideración las características particulares en las que se encuentra la persona adulta mayor agraviada, le sean brindadas las atenciones médicas suficientes, necesarias y oportunas para garantizar su derecho a la salud y que, al mismo tiempo, ello sea otorgado con un trato digno y adecuado hacia la misma.
Además pidió que en coordinación interinstitucional, se garanticen a las personas afectadas condiciones de seguridad mínimas para que habiten y pernocten el tiempo que sea necesario en un alojamiento alternativo, en tanto se crean las condiciones suficientes para que éstos puedan volver a sus hogares.
En tanto, al fiscal general del estado de Oaxaca, se requiere que se giren las instrucciones para que se inicien las indagatorias a fin de garantizar la protección de los agraviados y se les hagan de su conocimiento, con la asistencia de un traductor en su idioma, las acciones a que tienen derecho y presenten, ratifiquen y/o amplíen las denuncias correspondientes, así como, desahoguen las diligencias ministeriales a que haya lugar en la integración de la carpeta de investigación iniciada.
De igual forma, se giren las instrucciones que correspondan para que de manera inmediata se les brinden a los agraviados, en su calidad de probables víctimas de delito, las medidas de ayuda, asistencia, atención, protección y rehabilitación a que haya lugar, en tanto se investigan los hechos denunciados, que incluyan un lugar de alojamiento alternativo que cuente con las condiciones de estancia digna.
Al presidente municipal de San Juan Lalana, se le requiere que en un marco de coordinación con la Fiscalía General del Estado, se provea de la seguridad necesaria en caso de suceder la salida de las personas agraviadas que se encuentran en la comunidad de San Isidro Arenal.
