Redacción

Por votación unánime el Senado de la República aprobó una reforma constitucional al artículo 2 de la Constitución que prohíbe el matrimonio infantil en todo el país. Con ello buscan que se respete al interés superior de las niñas, niños y adolescentes que vivan en pueblos y comunidades indígenas.

En el documento presentado ante el pleno las y los senadores advirtieron que las niñas y adolescentes que pertenecen a comunidades indígenas, donde la convivencia se rige por usos y costumbres, corren mayor riesgo de sufrir actos que violen sus derechos, como es el caso de los matrimonios forzados.

La senadora del Partido del Trabajo, Geovanna Bañuelos lamentó que, en localidades de estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, persistan prácticas que atenten contra la libertad de decisión y trasgredan los derechos humanos de las niñas y adolescentes indígenas con lo que, tan sólo en esta última entidad, se tenga registro de que 300 mil niñas han sido vendidas para matrimonio.

Añadió que “desafortunadamente no contamos con mayor información, pues no existen estadísticas para determinar este delito en otras regiones del país donde suceden.” Ante ello, exigió que las niñas, adolescentes y mujeres en México dejen de ser “intercambiables”, pues son personas cuya dignidad debe ser respetada.

La senadora Josefina Vázquez Mota, de Acción Nacional, advirtió que nuestro país ocupa uno de los primeros ocho lugares en el mundo en materia de matrimonio forzado infantil, hecho que se da en no pocas comunidades y que no obedece a los usos y costumbres, sino que es consecuencia de que no se reconozca a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho.

Con ello, por ejemplo, se ha alertado que en algunas zonas de Zacatecas “es más cara una vaca que la vida de una niña, niño o adolescente”, narró la senadora presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y lamentó que aquellas que se revelan en contra de los matrimonios forzados sufren de una violencia todavía mayor, con encarcelamientos, castigos y torturas.

Por su parte el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino de la Peña, expuso que los matrimonios y uniones infantiles forzados tienen muchas causas, pero principalmente son impulsadas por normas de género que privan a las niñas y adolescentes de sus derechos sexuales y reproductivos.

El dictamen fue remitido a la Cámara de Diputados para su análisis y votación.

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