Por Ismael García M./Zona Roja

En menos de un año, el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción de Oaxaca ha demostrado plena sumisión al Poder Ejecutivo… y también una serie de pifias.

Creado supuestamente para defender al ciudadano de los atropellos de las autoridades estatales y de los actos de corrupción, ha hecho todo lo contrario y se ha puesto del lado del gobierno.

¿Qué resolución importante ha emitido dicho tribunal en su corta existencia de casi un año? Ninguna.

En cambio, se ha distinguido a nivel nacional por dos errores en sentencias en contra de Elizabeth Sánchez González, al suspenderla el igual número de ocasiones de su cargo de presidenta del Instituto Estatal Electoral.

¿El presidente del órgano? Mateo Martínez Martínez, un perfecto desconocido sin experiencia para conducir las tareas de dicho órgano estatal, quien al igual que los demás  magistrados ganan un salario mensual exorbitante, pese a que se dijo que aplicarían la austeridad.

¿Sancionarán a los integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa por tomar determinaciones a modo y su actuación oficialista? Hasta ahora nadie ha dicho nada, ni siquiera la afectada por sus sentencias. 

Así que, por lo pronto, los oaxaqueños se encuentran indefensos de los atropellos institucionales o casos de corrupción de los que son víctimas.

LA CREACIÓN

Fue el 20 de diciembre de 2015 en que la 59 Legislatura del Estado aprobó la Ley de Justicia Administrativa, pero fue hasta enero del año 2007 en que se instaló formalmente el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Oaxaca.

Tuvo una modificación por parte del Congreso y el 30 de junio de 2015 cambió a Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Cuentas.

El 16 de enero de 2018, ya en el sexenio de Alejandro Murat, mutó a Tribunal de Justicia Administrativa, como ente autónomo… en la ley. Con ello, el ex priista y ahora morenista colocó a sus amigos y los hizo magistrados, con Manuel Velasco Alcántara a la cabeza.

Para quitar a los priistas y tener un Tribunal morenista y a modo, a mediados del año pasado, el gobernador Salomón Jara Cruz envió una iniciativa al Congreso del Estado a fin de modificar el órgano.

Así nació con el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción de Oaxaca, pero con una serie de pifias, con tal de acabar con todo lo que oliera a muratista.

LAS PIFIAS

Como suele suceder, desde el Gobierno del Estado se “sugirió” al Poder Legislativo las ternas para elegir a los integrantes de dicho órgano, que sustituyó al Tribunal de Justicia Administrativa y la presidencia recayó en Mateo Martínez.

Pero apenas nació y comenzaron los problemas, con la propia desaparición del anterior órgano, cuando Manuel Velasco Alcántara interpuso una controversia constitucional, la 396/2023, que fue admitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que ordenaba dejar de inmediato las cosas en su estado anterior.

En ese contexto, el gobernador Salomón Jara había señalado en reiteradas ocasiones presuntos actos de corrupción cometidos por el Tribunal de Justicia Administrativa del sexenio anterior, con resoluciones a modo que representaban ganancias millonarias.

Incluso, para aparentar el combate a la corrupción, la policía estatal se apoderó de las instalaciones del Tribunal, supuestamente para impedir el saqueo de documentos.

Tras la rebeldía de Velasco Alcántara, se le amagó con revivir diversas órdenes de aprehensión pendientes en su contra; éste andaba de vacaciones en Israel y luego se fue a refugiar a Canadá.

Pero finalmente no se hizo justicia y se negoció… con muchos millones de pesos de por medio. 

Un intermediario trajo de vuelta a Manuel Velasco, quien se desistió de su demanda de controversia constitucional, ganó muchos millones más; se indemnizó en exceso a los anteriores magistrados. Y sigue impune.

LOS NUEVOS

Tras ello supuestamente comenzó a operar, ahora sí de manera ordenada, el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción; incluso su primera sesión fue pública, abierta a los medios de comunicación.

Y hasta ahí, porque todas sus sesiones y resoluciones siguen en la opacidad; el único cambio en ese órgano supuestamente autónomo fue la disminución de 12 a siete magistrados. Nada más.

Cobró notoriedad hasta marzo pasado en que, tras supuestas denuncias de la Contraloría Interna del IEEPCO, determinó suspender hasta por un año a Elizabeth Sánchez González de su cargo como presidenta del órgano (junto con la entonces responsable administrativa, Noemí Sánchez Gutiérrez).

Sin defender a la consejera —pues si tiene o no responsabilidad en los desvíos millonarios de los que se le acusa, tendrá que ser sancionada o en su caso exonerada por las instancias correspondientes—, la primera extralimitación del Tribunal de Justicia se reveló de inmediato.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó la inmediata reinstalación de la presidenta del Consejo General del Instituto. Pero más tardó en sentarse en su lugar que el Tribunal de Justicia Administrativa de imponer otra sanción, ahora por tres años.

El 8 de mayo pasado, de nuevo el Poder Judicial de la Federación ordenó reinstalarla en su cargo, lo cual ocurrió el pasado sábado 11 de mayo.

¿Y EL CASTIGO?

Nada ni nadie ha garantizado, hasta ahora, que se puedan sancionar las pifias del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción, que aún preside Mateo Martínez.

Nada ni nadie garantiza que Elizabeth Sánchez González pueda ser acusada y sancionada por enésima ocasión, sea o no responsable de los delitos que se le señalan.

Nada ni nadie garantiza que el proceso electoral pueda terminar de manera óptima, ante la serie de conflictos internos que enfrenta. 

Entonces, Manuel Velasco Alcántara seguirá en la impunidad y el Tribunal administrativo seguirá obedeciendo órdenes del Ejecutivo estatal, para hacer y deshacer a conveniencia política.

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