Por Paola Flores
El defensor de los bosques y derechos humanos, Pablo López Alavez, fue puesto en libertad el pasado 27 de marzo de 2026, tras permanecer privado de su libertad de manera arbitraria durante más de 15 años. La noticia, celebrada por una coalición de organizaciones nacionales e internacionales, fue difundida recientemente tras reservarse por razones de seguridad para el activista y su familia.
La liberación se produjo luego de que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca emitiera una resolución de segunda instancia que modificó la calificación jurídica de los hechos a homicidio simple, estableciendo una pena de 15 años y 3 meses de prisión. Al computar el tiempo que el defensor ya había cumplido desde su detención el 15 de agosto de 2010, la autoridad tuvo la pena por cumplida y ordenó su excarcelación inmediata.
Sin embargo, organizaciones civiles señalan que esta resolución es agridulce. Aunque López Alavez ya está en libertad, la justicia oaxaqueña ratificó su culpabilidad por un delito que, aseguran, no cometió y del cual no se presentaron pruebas sólidas.
«La sentencia condenatoria se dictó sin considerar graves inconsistencias y pruebas de descargo que demostraban que el defensor se encontraba en otro lugar cuando ocurrieron los hechos», destacaron las organizaciones firmantes.
Un historial de arbitrariedades
Pablo López Alavez, originario de San Isidro Aloápam, fue detenido en 2010 por un grupo de personas armadas sin una orden de aprehensión previa y sometido a tortura. En 2017, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU (Opinión 23/2017) determinó que su detención era arbitraria y motivada por su legítima labor de defensa ambiental, una recomendación que el Estado mexicano ignoró durante años.
El impacto de este proceso ha sido devastador para su entorno. Su familia, liderada por su esposa, la defensora Yolanda Pérez Cruz, sufrió desplazamiento forzado debido a amenazas constantes, lo que les obligó a adaptarse a un entorno urbano ajeno, provocando desarraigo cultural y enfermedades crónicas en el defensor.
Exigen justicia plena
Pese a la liberación, la lucha legal no ha terminado. Un conjunto de organizaciones, entre las que destacan el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Consorcio Oaxaca, Front Line Defenders y la Federación Internacional por los Derechos Humanos, exigen al Poder Judicial Federal una revisión exhaustiva del caso para que se dicte una sentencia absolutoria.
«Corresponde que se cese la criminalización y se adopten medidas integrales de reparación del daño» señalaron en un comunicado conjunto. Las exigencias al Estado mexicano incluyen:
- Cumplir con las recomendaciones de la ONU sobre reparación integral.
- Garantizar medidas de protección efectivas para López Alavez y su familia, quienes siguen bajo hostigamiento.
- Garantizar la no repetición de actos que utilicen el sistema penal para castigar la defensa de los derechos humanos.
Para las organizaciones que han acompañado su proceso, la liberación de Pablo López Alavez representa un avance significativo tras 15 años, 7 meses y 12 días de reclusión, pero el camino hacia la justicia total sigue pendiente hasta que se reconozca su inocencia plena.
