Por Paola Flores
Autoridades comunitarias, representaciones agrarias, defensores territoriales y organizaciones de la sociedad civil exigieron que la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos garantice plenamente el derecho colectivo al agua, la autonomía, el territorio y la libre determinación.
Durante un encuentro nacional celebrado en Juchitán, Oaxaca, las comunidades hicieron un llamado a evitar que el agua sea tratada como una mercancía y a impedir que las decisiones sobre sus territorios se tomen sin la participación de los pueblos.
Un frente común por la gestión comunitaria del agua
El encuentro, titulado: Hacia una propuesta de Capítulo Normativo sobre Derecho al Agua de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, se llevó a cabo los días 19 y 20 de septiembre de 2026 con la participación de delegaciones de Oaxaca, Yucatán, Veracruz y el Estado de México. Los asistentes demandaron que la iniciativa de ley incorpore formalmente el derecho de las comunidades a decidir sobre las aguas, bienes comunes, obras y proyectos que afectan sus territorios.
La reunión fue convocada por la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA), Fundar, Centro de Análisis e Investigación, el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C., ASER Litigio y el Instituto Jurídico de Autodeterminación Indígena. Las organizaciones enfatizaron que la legislación representa una oportunidad para otorgar las garantías sobre el agua que la Ley de Aguas Nacionales ha negado históricamente a las comunidades. Entre los planteamientos centrales destaca el reconocimiento de los sistemas comunitarios de gestión y la protección integral de ríos, manantiales y acuíferos vinculados a la vida comunitaria.
Durante las jornadas de trabajo, se expuso la preocupación existente ante la expansión de industrias extractivas y proyectos de infraestructura. Maira Olivo Paz, abogada especialista en derecho indígena y coordinadora del programa Tierra y Territorio de Fundar, advirtió sobre la disputa global entre dos visiones contrapuestas: entender el agua como un bien común o convertirla en un producto mercantilizable.
Por su parte, Nadir Hernández Quiroz, coordinador de Proyectos del Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, denunció el impulso a prácticas como el fracking, la extracción de hidrocarburos, la creación de “zonas de sacrificio”, presas y trasvases. Hernández Quiroz señaló que estas obras se presentan como soluciones descuidando la legislación ambiental, la viabilidad técnica y la transparencia, mientras son las propias comunidades las que sostienen el cuidado del recurso sin apoyo eficaz del gobierno.
Las representaciones comunitarias insistieron en que la ley debe adoptar un concepto amplio de territorio indígena que no quede supeditado únicamente a la posesión de títulos de propiedad agraria o privada. Asimismo, demandaron la estricta observancia de los principios de progresividad y no regresividad para armonizar la ley con la Constitución, decisiones judiciales y tratados internacionales.
Las y los participantes remarcaron que la participación indígena en este proceso legislativo no debe reducirse a asambleas sin impacto real. Por ello, solicitaron formalmente al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) la creación de un mecanismo público de trazabilidad que permita transparentar qué propuso cada comunidad, cómo fue sistematizada la información, qué planteamientos se integraron al proyecto final y las razones fundamentadas para descartar aquellos que no sean incluidos.
