Documentos oficiales demuestran la presencia de metales pesados por encima de la norma en fuentes de agua potable y severas afectaciones a la salud
Por Paola Flores
Un expediente técnico presentado ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) por 14 comunidades zapotecas de los Valles Centrales de Oaxaca evidenció el historial de violaciones ambientales de la compañía Minera Cuzcatlán en el proyecto San José.
Los documentos emitidos por dependencias federales demuestran que la mina falló repetidamente en contener sus residuos tóxicos y opera al margen de la norma ambiental mediante autorizaciones contradictorias del propio gobierno federal.
El expediente dado a conocer por las autoridades comunitarias compila registros generados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la propia Semarnat y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Entre 2009 y 2018 la Profepa identificó 73 obras irregulares, mismas que quedaron asentadas en el expediente oficial PFPA/26.32C.27.5/0020-17. La misma dependencia confirmó el derrame de metales pesados en octubre de 2018, incluyendo niveles de hierro hasta 18 veces superiores al límite permitido.
En julio de 2020 también se registró una filtración que provocó una coloración rojiza en los pozos de recarga hídrica de Magdalena Ocotlán. Mientras que en 2024 se reportó la presencia de espuma y sedimentos blanquecinos que alcanzaron el pozo que abastece de agua potable a Magdalena Ocotlán y San Matías Chilazoa.
Por otra parte, investigaciones de la Conagua confirmaron concentraciones de plomo, aluminio, bario, cromo, hierro y manganeso por encima de los límites máximos permisibles para consumo humano en el sistema hídrico cercano a la mina.
Contradictoriamente, aunque la Semarnat negó inicialmente las solicitudes de la empresa, rechazando la Manifestación de Impacto Ambiental particular San José II, el 30 de abril de 2019 y la modalidad regional el 3 de septiembre de 2020; en diciembre de 2021, la dependencia otorgó una autorización por 12 años más que regularizó de golpe las 73 obras irregulares, así como los daños al ambiente, todo esto mientras sostenía una mesa de diálogo formal con los pueblos afectados.
Impactos acumulados en la salud, agricultura y ganadería
En una conferencia de prensa en las instalaciones de Semarnat, las autoridades de las 14 comunidades afectadas denunciaron que la contaminación del agua de los pozos potables ha provocado enfermedades graves en la población local, como casos de cáncer y fallecimientos de habitantes de la zona.
Asimismo, los derrames de residuos tóxicos en arroyos y pozos han provocado la enfermedad y muerte de ganado en distintas localidades, afectando también la producción agrícola de la cual depende el sustento de las comunidades zapotecas.
El reclamo de las comunidades se intensificó tras la publicación el 29 de julio de 2026, en el periódico El Imparcial, del extracto de una nueva Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Regional (MIA-R), con la que la empresa busca autorizar la conformación del Depósito de Jales Secos y consolidar su cuarta ampliación de almacenamiento de residuos.
Las autoridades del Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos —que agrupa a representantes agrarios y municipales de localidades como Monte del Toro, San Matías Chilazoa, Santa Catarina Minas, San Martín de los Cansecos, entre otras— exigieron a la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena Ibarra, aplicar el principio de prevención y precaución para negar los permisos. Subrayaron que la minera opera sin consentimiento comunitario desde 2009 y respaldaron su demanda en 14 declaratorias de territorio prohibido para la minería emitidas por sus asambleas.
