La designación de la recién egresada al frente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Municipal desató críticas por inexperiencia y presuntos nexos con el crimen organizado
Por Paola Flores
El pasado 5 de noviembre de 2026, el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, tomó protesta a la abogada Lucía Jazmín Torres Castillo como encargada de despacho de la Subsecretaría de Fortalecimiento Municipal. La dependencia estatal justificó la incorporación señalando que se busca dar continuidad al diálogo, la coordinación institucional y la paz social con los municipios oaxaqueños. Sin embargo, la decisión desató de inmediato una ola de críticas en redes sociales y en días recientes, incluso, señalamientos de vínculos con el crimen organizado.
Torres Castillo tiene 23 años y es egresada de la licenciatura en Derecho por la Universidad La Salle en 2025, obtuvo su título profesional el 13 de noviembre de dicho año y recibió la cédula profesional número 15658812 apenas el 25 de mayo de 2026. Y con sólo el bachillerato fungía como jefa del Departamento de Cumplimiento de Acuerdos en la misma Secretaría.
La plaza que ahora ocupa quedó vacante tras la salida de María Fernanda Barbosa Sosa el 15 de octubre de 2026, quien dejó el cargo gubernamental para competir en el proceso interno del partido Movimiento de Renovación Nacional (Morena), por la candidatura a la presidencia municipal de San Felipe Jalapa de Díaz, en la región de la Cuenca del Papaloapan.
La discrepancia entre la inexperiencia laboral y la retribución económica ha sido uno de los focos principales de inconformidad ciudadana y política en la entidad. Según datos de nómina de la Secretaría de Gobierno, la Subsecretaría de Fortalecimiento Municipal tiene un sueldo mensual bruto de 45 mil 409 pesos y neto de 34 mil 155.80. Sin incluir gratificaciones, bonos, ni aguinaldos, al año, ese puesto percibe unos 409 mil 869 pesos.
Pero más allá de las controversias salariales y académicas, la llegada de Torres Castillo a la Secretaría de Gobierno reveló sus presuntas conexiones con el crimen organizado. En una intervención pública respaldada por grabaciones de audio, la diputada federal por el PT, Aracely Cruz, expuso las declaraciones de la subsecretaria.
Contó que durante las negociaciones para acreditar a la autoridad municipal de San Juan Mazatlán —cuyo reconocimiento a favor del presidente electo, Esteban Santiago Aguilar, fue determinado por la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación—, la representación estatal bloqueó los acuerdos.
Según el testimonio de la legisladora, Torres Castillo justificó la negativa del gobierno estatal alegando presuntos vínculos de las autoridades electas con el crimen organizado. Ella conocía esta información porque su papá, Rafael Torres, se había reunido con Santiago Aguilar y el líder del crimen organizado de la zona.
«Me alarmó algo, la primera vez dijo que la reunión había sido en su casa y que tenía fotografías y la segunda ocasión dijo que había sido en la casa del líder del crimen organizado de la zona y que su hermana tenía las fotografías y pruebas… me impresionó que estuviera hablando de su papá cuando ella era la secretaria, mencionando que su papá tenía el control de la zona y que su familia tenía las fotografías de los supuestos encuentros.»
La diputada increpó a la funcionaria estatal señalando que utilizar supuestos controles territoriales familiares resulta inaceptable e intimidatorio en el servicio público, calificando su conducta como falta de profesionalismo. Asimismo, cuestionó que si el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, o su equipo poseen información sobre el crimen organizado, tienen la obligación legal de denunciarlo ante el Ministerio Público en lugar de usarlo como instrumento de chantaje.
La gravedad de los hechos motivó a la diputada a emprender acciones legales y solicitar protección urgente a las instituciones federales de seguridad. Aracely Cruz confirmó la existencia de grabaciones que respaldan las conversaciones sostenidas con Torres Castillo, las cuales serán entregadas directamente al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Omar García Harfuch.
“No quiero ser un número más y no quiero que me maten, por eso lo vengo a denunciar”, sentenció la diputada.
En una conferencia de prensa el martes 10 de noviembre, la diputada también mencionó la actuación despectiva y amedrentadora con la que la funcionaria habría conducido las mesas de diálogo sobre conflictos electorales municipales, en particular el caso de San Juan Mazatlán y Santiago Choápam. La acusó de violencia política en razón de género e intimidación hacia autoridades comunitarias.
«Se burlaba de que (la presidenta municipal de Santiago Choápam) había llorado, que no quería dejar el cargo, que era bien difícil platicar con una mujer que nada más iba a llorar…»
En redes sociales, mientras tanto, se desató una campaña en la que sexualizan a Lucía Jazmín Torres Castillo, a la par de los señalamientos y cuestionamientos aquí descritos. Hasta el momento el gobierno de Oaxaca no se ha posicionado al respecto.
