Urgen financiamiento y reconocimiento legal de los Comités de Agua
Por Paola Flores
En las comunidades de Oaxaca, el acceso al agua no depende de grandes presupuestos gubernamentales, sino del trabajo físico y la organización colectiva de las familias. Sin embargo, la crisis climática actual está llevando esta estrategia al límite, secando manantiales y obligando a los habitantes a realizar esfuerzos físicos monumentales para abastecerse.
Esta preocupante realidad fue el eje central del foro: “Reconocimiento de los Comités del Agua y la Gestión Comunitaria”, donde más de cien representantes de comités de agua, autoridades comunitarias, académicos y defensores de más de 30 comunidades oaxaqueñas se reunieron para organizarse y alzar la voz.
Desde el encuentro, convocado por el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C., en coordinación con Servicios del Pueblo Mixe (SER Mixe) y organizaciones de la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía Oaxaca (ALDEA Oaxaca) exigieron apoyo financiero y legal que reconozca su aportación al bien común.
Sostener la vida con 10 pesos y trabajo físico frente a la sequía
La gestión hídrica en la Sierra Norte de Oaxaca ilustra con crudeza los desafíos para la organización comunitaria. Fernando Ramos Morales, profesor investigador de la Universidad de la Sierra Juárez, describió cómo las asambleas locales eligen comités que se sostienen mediante un sistema de cargos, cuotas mínimas y tequios.
En varias de estas localidades, las familias realizan pagos mensuales de apenas entre 10 y 20 pesos debido a que ellas mismas aportan la mano de obra para conducir, vigilar y distribuir el agua. No obstante, Ramos Morales advirtió que la crisis climática está agravando severamente estas tareas cotidianas.
En la actualidad, las comunidades enfrentan de manera cada vez más frecuente manantiales completamente agotados, la necesidad de construir y mantener líneas de conducción de agua de hasta 12 kilómetros de distancia, y la obligatoriedad de implementar racionamientos estrictos.
«El bosque, los animales, los suelos y las personas forman una comunidad que necesita agua», aseveró el investigador, enfatizando que el cuidado hídrico es una tarea integral de conservación de la vida silvestre y humana.
Esta profunda interdependencia con el entorno natural fue respaldada por Beatriz Salinas Avilés, directora de Flor y Canto A.C., quien planteó la necesidad urgente de reflexionar sobre las presiones que sufren los comités hídricos frente a los actuales marcos legales. Salinas denunció que estas organizaciones operan sin recursos económicos suficientes y bajo amenazas constantes de entes estatales y de intereses corporativos.
La directora enfatizó que la tarea de los comités comunitarios va mucho más allá de operar tuberías: son ellos quienes protegen activamente los bosques y los cuerpos de agua, sanean los entornos, recargan los acuíferos subterráneos y distribuyen el líquido de forma equitativa y sin fines de lucro. Por ello, urgió a fortalecerlos en los ámbitos jurídico y financiero como un acto de justicia básico para reconocer su aportación directa al bien común.
La urgencia de reconocimiento legal
La falta de personalidad jurídica formal representa el mayor riesgo de vulnerabilidad para estos sistemas autónomos. Diana Avilés Quezada, defensora e investigadora comunitaria, advirtió que no contar con reconocimiento legal expone a los comités a procesos de municipalización forzada, a decisiones gubernamentales tomadas sin su consentimiento y al cobro de tarifas eléctricas comerciales injustas, como si se tratara de empresas con fines de lucro.
«Una buena ley no debe obligar a elegir entre autonomía o apoyo estatal», sentenció la investigadora, instando al Estado a proveer asistencia técnica, recursos públicos y energía accesible sin que esto implique apropiarse de la infraestructura comunitaria o arrebatarles la capacidad interna de decidir.
Para desmitificar la supuesta ineficiencia de los comités, Avilés Quezada presentó el caso del sistema autónomo de Huitzila, en Tizayuca, Hidalgo, el cual abastece a más de dos mil familias y cuenta con un 90% de aprobación comunitaria en su administración, además de un 70% de cumplimiento en el pago de cuotas.
A nivel federal, Ricardo Ovando, miembro de la Contraloría Nacional Autónoma del Agua, expuso que existen estimaciones que elevan a más de 80 mil el número de sistemas hídricos comunitarios en el país, a pesar de que el Programa Nacional Hídrico oficial solo reconoce a poco más de 28 mil.
Ovando defendió que la demanda central de estos organismos no es someterse a las administraciones municipales, sino actuar en corresponsabilidad con el Estado como autoridades comunitarias reconocidas. Como ejemplo de éxito y autonomía, destacó las concesiones hídricas colectivas obtenidas en 2022 por pueblos de los Valles Centrales de Oaxaca tras 17 años de lucha, permitiendo que las asambleas administren directamente su agua subterránea.
Hacia un marco legislativo que proteja el tequio y la vida
Al finalizar el foro, Paulina López Niño de Rivera, abogada de Flor y Canto A.C., exhortó a consolidar estas experiencias organizativas para impulsar reformas en la legislación hídrica de Oaxaca. Tras las mesas de trabajo del foro, se identificaron los principales retos que el Congreso local debe legislar de manera prioritaria para proteger estos sistemas:
- Garantizar la protección legal de la personalidad jurídica y del patrimonio de los comités comunitarios.
- Proteger las fuentes hídricas de abastecimiento frente a la sobreexplotación y la contaminación.
- Garantizar el respeto irrestricto a los mandatos de las asambleas de los pueblos y detener los abusos e intromisiones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
- Reconocer formalmente el papel de las mujeres en la gestión del agua y promover el relevo generacional de defensores.
- Garantizar recursos públicos respetando plenamente su autonomía de gestión.
«Reconocer la gestión comunitaria del agua es reconocer la autonomía de los pueblos y su capacidad histórica para cuidar la vida», concluyó López Niño de Rivera.
