Por Paola Flores
Patricia Acosta Rangel y su hija, Katia Citlali Jáuregui Acosta, fueron asesinadas en Salamanca, Guanajuato, apenas unas horas antes de las movilizaciones por el Día de las Madres, fecha escogida por las madres buscadoras para visibilizar los miles de casos de desaparición en México.
El crimen ocurrió el sábado 9 de mayo, minutos antes de las 14:00 horas, cuando ambas se trasladaban en una motocicleta. Sujetos armados las interceptaron y abrieron fuego. Los cuerpos de emergencia confirmaron que madre e hija ya habían fallecido al llegar al lugar.
Familiares de las víctimas relataron que el día del ataque tenían planeado acudir al centro de la ciudad para comprar lo necesario para un festejo familiar en un balneario por el 10 de mayo. El hijo de Patricia relató que él se quedó esperándolas en el centro, pero ellas nunca llegaron al punto de reunión. Fue un pariente quien le dio la noticia del ataque mientras él regresaba de visitar a su hermano en el panteón.
«Nosotros no nos metíamos con nadie, haya sido confusión o algo, ahora sí que Dios perdone a esas personas», declaró, añadiendo que no buscan represalias y dejan la justicia en manos divinas.
Mientras que el esposo de Patricia y padre de Katia las describió como mujeres trabajadoras, dedicadas al hogar y a su empleo, y negó haber recibido amenazas previas.
Patricia y Katia se unieron al colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos a principios de 2024, tras la desaparición de Miguel Ángel Jáuregui Acosta (hijo de Patricia y hermano de Katia). Aunque el cuerpo de Miguel Ángel fue localizado sin vida el 8 de marzo de ese mismo año, ambas decidieron permanecer activas en el colectivo para apoyar a otras familias.
El doble feminicidio generó un clima de temor entre las buscadoras de la región. Medios nacionales informaron que Ana Lilia Tapia, compañera del colectivo, señaló que muchas madres no asistieron a las marchas del 10 de mayo por miedo a ser blanco de nuevos ataques. «Nos hacen sentir inseguridad, nos golpeó y algunas no vinieron porque sus familias no las dejaron», compartió Tapia.
La Fiscalía General de Guanajuato confirmó la identidad de las víctimas y aseguró que la investigación se realiza con perspectiva de género. Paralelamente, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México emitió una alerta urgente exigiendo protección para la familia y una investigación expedita ante este crimen que se suma a las desapariciones y asesinatos que marcan la crisis de seguridad en el país.
