Por Paola Flores
En el marco de la jornada global de protesta número 143, las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa sostuvieron su séptima reunión de trabajo con la presidenta, Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. Aunque durante el encuentro de más de tres horas y media se informaron algunos avances técnicos en las líneas de investigación, el abogado de las familias, Isidoro Vicario, y los propios padres recalcaron que la dolorosa realidad no ha cambiado: se encuentran todavía muy lejos de conocer el paradero final de sus hijos.
Al salir de la reunión, el asesor jurídico de los padres de las víctimas reconoció ciertos progresos en los expedientes judiciales, pero enfatizó la insatisfacción y la impaciencia de las familias conforme se aproxima el décimo segundo aniversario de la noche de Iguala.
«En términos generales podemos decir de manera objetiva que hay ciertos avances en las investigaciones, pero de que esas investigaciones nos puedan dar luces del paradero, estamos lejos aún», sentenció el abogado al referirse al sentimiento colectivo de las madres y padres.
La principal demanda de las familias continúa siendo dar con el paradero de los jóvenes, un objetivo que se ve obstaculizado por lo que consideran una falta de voluntad política para abrir los archivos militares. Isidoro Vicario y los padres manifestaron que, a pesar de los casi 12 años transcurridos, existe un nulo progreso en la entrega de los folios pendientes correspondientes a los archivos del Ejército Mexicano.
Las familias acusaron que la actual administración federal mantiene un esquema de protección hacia las fuerzas armadas, aun cuando consideran que su participación en los hechos del 26 de septiembre de 2014 está plenamente demostrada. De acuerdo con la representación legal, durante la reunión de este jueves 27 de agosto de 2026 no se aportó información nueva ni avances significativos respecto a esta demanda histórica.
Detención de Ángel Aguirre
Uno de los puntos centrales del informe oficial fue la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, quien actualmente se encuentra bajo prisión preventiva en el penal federal de El Altiplano por el caso de la desaparición de los estudiantes.
Al respecto, Isidoro Vicario detalló que el equipo legal de las familias estuvo presente en las audiencias de comparecencia y vinculación a proceso del exmandatario, conociendo de primera mano los datos de prueba presentados por la Fiscalía para sostener la acusación. En la reunión en Palacio Nacional, los padres solicitaron formalmente a la presidenta Sheinbaum y a las autoridades de la fiscalía que se aproveche el plazo de investigación complementaria de cuatro meses para robustecer y reforzar las pruebas en contra de Aguirre Rivero, así como ampliar las indagatorias a otros exfuncionarios estatales involucrados.
Pese a que el exgobernador declaró en su audiencia que no posee información que ayude a dar con el paradero de los estudiantes, las familias y su abogado sostienen que, por su posición jerárquica y de mando en esa fecha, debe conocer datos clave sobre lo sucedido la noche de Iguala y el destino de los jóvenes. Por ello, informaron que valorarán la pertinencia de solicitar una reunión de diálogo directa con el exmandatario recluido.
Avances técnicos
El reporte de las autoridades incluyó detalles sobre el rastreo de telefonía celular, una de las líneas que ha registrado mayor actividad reciente. Según se expuso a los familiares y a su abogado se logró identificar a personas específicas que hicieron uso de los teléfonos celulares pertenecientes a los normalistas en las horas y días posteriores a su desaparición en septiembre de 2014. No obstante, los detalles y nombres permanecen bajo estricta reserva legal debido al sigilo de la investigación en curso. Los padres expresaron su expectativa de que estas indagatorias concluyan pronto en detenciones de los sospechosos para que aporten datos concretos sobre el paradero.
Asimismo, se informó sobre la realización de diversos operativos de búsqueda en campo, los cuales se concentran en zonas y puntos específicos de los alrededores del municipio de Iguala, Guerrero, a partir de información que la fiscalía del caso ha obtenido de diversas fuentes.
La solicitud de extradición y el regreso de los expertos independientes
Además las familias demandaron acelerar las solicitudes de extradición pendientes. Entre estas destaca el trámite relacionado con el ex “juez de barandilla”, actualmente localizado en Estados Unidos, quien se considera un testigo clave para esclarecer el destino de un grupo de 17 estudiantes que habrían sido trasladados a las instalaciones de la barandilla municipal la noche de los hechos.
Asimismo, ante la insistencia de los padres de contar con el apoyo del Grupo de Expertos Independientes, la presidenta Claudia Sheinbaum asumió un compromiso formal e instruyó directamente a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a establecer comunicación directa con los especialistas a fin de valorar y definir la viabilidad de su retorno al país para coadyuvar en la investigación.
Garantías de libre protesta en un aniversario marcado por el dolor
A un mes de que se cumplan 12 años de impunidad y dolor, que se ha traducido también en afectaciones a la salud de varias madres y padres de familia, la representación legal de las familias planteó a la presidencia la necesidad de no criminalizar sus protestas ni entorpecer sus actividades en la Ciudad de México durante el mes de septiembre.
Específicamente, solicitaron que no se instalen cercos policiacos ni pesados bloques de cemento en las inmediaciones del Zócalo capitalino. Sheinbaum Pardo se comprometió a entablar diálogo con el gobierno de la Ciudad de México para garantizar que se respete el libre derecho a la manifestación de los deudos.
Finalmente, las familias indicaron que no se acordó una nueva fecha para un encuentro de seguimiento directo antes de las jornadas de protesta de septiembre. Sin embargo, la presidenta Sheinbaum informó que la Secretaría de Gobernación emitirá próximamente una conferencia oficial detallada para informar públicamente a la sociedad sobre estos avances, una transmisión ante la cual los padres solicitaron ser notificados previamente para estar atentos.
