Se les acusa de oponerse a la ejecución de obras públicas, durante conflicto en junio de 2025.
Por Paola Flores
El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C. (CEDHAPI) y el Comité por la Defensa del Territorio de San Francisco Coatlán emitieron un pronunciamiento denunciando la persecución penal contra seis mujeres y catorce hombres de la comunidad de San Francisco Coatlán.
Los señalados, integrantes del Comisariado de Bienes Comunales, enfrentan investigaciones federales por su labor en la defensa del territorio.
La Fiscalía General de la República (FGR) inició las carpetas de investigación FED/OAX/HUA/1261/2025 y FED/OAX/HUA/1260/2025 tras una denuncia presentada por el representante legal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE). A los defensores se les acusa de oponerse a la ejecución de obras públicas, durante conflicto en marzo de 2025.
Conflictos derivados de la autopista Barranca Larga-Ventanilla
El origen de esta disputa legal se vincula con la construcción de la autopista Barranca Larga-Ventanilla, un megaproyecto inaugurado por el ex presidente, Andrés Manuel López Obrador, en 2024. Los defensores y defensoras que integran el Comisariado de Bienes Comunales, denunciaron que tanto el gobierno federal y estatal, como la empresa Coconal, encargada de la obra, han incumplido diversos compromisos y acuerdos pactados con las comunidades de la región de los Coatlanes.
La falta de comunicación y el desacato de los acuerdos por parte de la empresa y las autoridades derivaron en un enfrentamiento el 23 de marzo de 2025 en el paraje “El Limar”. El conflicto, que dejó personas fallecidas y lesionadas, se suscitó luego de que Coconal permitiera a los habitantes de San Francisco Coatlán recolectar madera talada por la obra, sin informar a las autoridades de la comunidad vecina, San Sebastián Coatlán.
Uso del sistema penal para el hostigamiento
El Comisariado de Bienes Comunales señaló que actualmente se utiliza el sistema penal para hostigar, detener y desmovilizar a quienes defienden sus tierras frente a actividades extractivas y megaproyectos.
Criticaron el uso de la fuerza pública, incluyendo a la Guardia Nacional y la policía estatal, en acciones de represión y estigmatización contra los representantes agrarios que hacen valer los acuerdos de sus asambleas.
Exigencias de las organizaciones
Ante este escenario, el Comité por la Defensa de San Francisco Coatlán y el CEDHAPI plantearon dos demandas centrales:
- No a la criminalización de los representantes de bienes comunales y la cancelación inmediata de las carpetas de investigación.
- Respeto irrestricto a los acuerdos de ESCAZÚ, tratado internacional que protege a los defensores del medio ambiente.
