Por Paola Flores
El periodista oaxaqueño Ernesto Rojas Ayuzo enfrenta un escenario marcado por la inacción de las autoridades ministeriales, omisiones y un creciente hostigamiento desde la estructura gubernamental de Oaxaca.
A seis meses de haber iniciado la carpeta de investigación 3675/CHDP/CODDI/OAXACA2026 por amenazas y agresiones digitales en su contra, las indagatorias permanecen detenidas.
En una reunión reciente entre la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), la Comisión para la Atención de los Derechos Humanos (CADH) y el comunicador, se evidenció la irresponsabilidad institucional en su caso.
Aunque la titular de la Fiscalía Especializada en Investigaciones de Delitos de Trascendencia Social, Jessica Jeanine Rodríguez Robles, rechazó que el expediente estuviera extraviado, Rojas Ayuzo demostró que la denuncia permaneció archivada en la Vicefiscalía General de Atención a Víctimas y Derechos Humanos —encabezada por Ilse Rivera Guevara— asentada únicamente como una constancia de hechos.
Las autoridades justificaron el rezago, alegando la falta de enlaces web funcionales y datos bancarios sobre el pago de las campañas difamatorias. Ante ello, Rojas Ayuzo aclaró que los vínculos y pruebas fueron entregados desde la apertura del proceso y recriminó que el rastreo financiero es una obligación legal del ministerio público.
Durante el encuentro también se reveló que el único requerimiento hecho a la Policía Cibernética se emitió el 7 de marzo de 2026 y permaneció ignorado durante más de seis meses, hasta que se envió un recordatorio el 14 de septiembre pasado. Ante la aparente inactividad, la titular de la CADH, Flor Estela Morales, urgió a revisar a fondo las actuaciones.
Además el esquema de seguridad brindado al periodista ha presentado severas deficiencias: de los 60 días de medidas cautelares dictadas a su favor, únicamente recibió tres visitas policiales y una llamada telefónica.
Eliminación de evidencias
A la par, el comunicador denunció la eliminación de evidencias digitales de la red —la cual coincidió con los requerimientos del Ejecutivo estatal sobre denuncias contra el secretario de Gobierno, Jesús Romero López y el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara—, así como indagatorias sobre presuntas amenazas vertidas por funcionarios internos contra el personal ministerial para evitar filtraciones sobre el manejo de la carpeta.
Por lo anterior solicitó por escrito al fiscal general, José Bernardo Rodríguez Alamilla, una investigación formal al respecto.
Hostigamiento y vigilancia desde la Secretaría de Gobierno
Rojas Ayuzo responsabilizó de manera directa al secretario de Gobierno, Jesús Romero López, y al consejero jurídico del estado, Geovany Vásquez Sagrero, por cualquier atentado contra su vida o la de su familia.
El 20 de agosto de 2026, se filtró el oficio SEGO/SDD/DJ/1960/2026, firmado por Pablo Gabriel Arnaud Ríos, director jurídico de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático. Mediante este documento, la Secretaría de Gobierno (Sego) solicitó formalmente a la Fiscalía informar si existían denuncias penales presentadas por Rojas Ayuzo contra el gobernador Salomón Jara o contra el propio Jesús Romero López, además de cuestionar si el periodista contaba con medidas de protección.
El periodista calificó como una intromisión e indagatoria indebida que la Sego rastree sus acciones legales. La dependencia estatal manifestó con anterioridad no contar con atribuciones ni mecanismos para garantizar su integridad física.
Antecedentes y llamado de auxilio
La labor periodística de Rojas Ayuzo ha documentado presuntos vínculos delictivos de servidores públicos. Entre sus publicaciones previas figuran señalamientos contra Emilio Montero Pérez y Miguel Sánchez Altamirano (“Miguel Quetu”) —este último recientemente aprehendido por autoridades federales por presuntamente brindar protección al grupo delictivo: Los Cromos—, cuyas acusaciones el poder estatal intentó desacreditar en su momento.
Ante el incremento del riesgo y bajo la consigna “No quiero ser una cifra más”, el comunicador emitió un llamado urgente a organismos nacionales e internacionales de protección a periodistas y derechos humanos para dar seguimiento al caso, reiterando que continuará con su trabajo de investigación.
