Por Isidoro Yescas
La descomposición social y política de Juchitán ha corrido en paralelo a la propia descomposición de Oaxaca, que si bien es cierto que tuvo su punto de partida sexenios atrás, se ha agudizado durante el gobierno de Salomón Jara: toda la estructura político-criminal que a fuerza de omisiones y complicidades oficiales se fue construyendo desde los gobiernos del PRI adquirió con la Primavera Oaxaqueña carta de naturalización.
Y, paradójicamente, este municipio istmeñoantaño emblema de las grandes luchas sociales y democráticas, es hoy la principal referencia sobre la corrupción, impunidad, inseguridad y violencia que se padece en nuestra entidad, a nivel regional y municipal.
Hoy Juchitán no se cuece aparte y, en cambio, marca el punto de quiebre de la captura de un estratégico municipio oaxaqueño por parte del crimen organizado. Y todo el horror, miedo y violencia que aquí ha ocurrido en las tres últimas administraciones municipales se podrían resumir en los cargos que ahora enfrenta el todavía presidente municipal, Miguel Sánchez Altamirano: cobro de piso, narcomenudeo, trata de personas, homicidio(s) y protección institucional a cárteles locales y nacionales.
Una trilogía de políticos istmeños que se posicionaron en la estructura regional de poder desde organizaciones sociales de izquierda como la COCEI y el FUCO, y que migraron del PRD a Morena, han jugado desde hace por lo menos una década un papel determinante en esa descomposición política y crisis de seguridad – gobernabilidad que padece Juchitán, y que hoy ha puesto de cabeza a la kakistocracia primaveral.
No debe perderse de vista que buena parte de la fuerza político-electoral del morenismojarista ha descansado en esa trilogía integrada por el senador Antonino Morales, Emilio Montero y el defenestrado Miguel Sánchez Altamirano, hoy objeto del escrutinio mediático: movilizaciones masivas ya para apoyar las giras presidenciales o para acuerpar los informes de gobierno y los actos políticos del gobernador Salomón Jara; ya para hacerle contrapeso al rechazo ciudadano que éste último tuvo en la jornada revocatoria del 2025.
Sin embargo, es también una trilogía que tiene sus diferencias a la hora del reparto del poder político, tal como se viene expresando en los actos anticipados de precampaña de sus “gallos” para definir quien encabezará la planilla de Morena en el municipio de Juchitán : el dúo Emilio Montero-Miguel Quetu (ambos egresados de la facultad de Derecho de la UABJO) apoyando al exsecretario municipal, Mariano Rosado, y el guía moral del FUCO, Antonino Morales, caminando con su delfín Pedro Bladimir (a) ChepeFuco.
Sin embargo, en la medida que la sorpresiva captura de Miguel Quetu ha provocado una especie de shock político dentro del cabildo, en el gabinete jarista y en la misma cosa nostra primaveral, lo que podría ocurrir en el corto y mediano plazo es, primero, la desaparición de poderes y no la designación de un presidente municipal interino; dos, la revisión a fondo de los perfiles y vínculos con el crimen organizado de quienes desde Morena, PVEM o PT aspiren a la presidencia municipal; y, tres, el control de daños de parte del poder ejecutivo o, en su caso, el gobierno federal, para redefinir sus prioridades en materia de seguridad y gobernabilidad no solamente en la región del istmo ( y Juchitán como epicentro de la crisis) sino en otras en donde también el crimen organizado ha capturado las estructuras municipales y centros estratégicos de poder económico regional para estar en condiciones de convertirse en factótum en la ruta electoral del 2027-2028 y el 2030.
