Por Paola Flores
En un fallo calificado como histórico, el Poder Judicial de la Federación determinó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) incumplió con su obligación de transparentar y entregar los expedientes militares, relacionados con las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la llamada Guerra Sucia (1965-1990).
Ante la opacidad institucional, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ordenó la creación de una Comisión de transferencia de archivos imparcial, que contará con la participación de integrantes del Archivo General de la Nación (AGN) para garantizar la debida catalogación y entrega de la documentación.
El origen del fallo: Una búsqueda de justicia
La resolución, derivada del amparo en revisión 43/2025, fue impulsada por Alicia de los Ríos Merino, quien busca a su madre desaparecida desde 1978. De los Ríos, acompañada por las organizaciones ARTÍCULO 19 y el Centro Prodh, promovió este juicio en noviembre de 2023 tras identificar que el Ejército obstaculizaba el acceso a la información histórica.
El tribunal, con el voto a favor de las magistradas Sandra Janet Hernández Chávez y Ana María Ibarra Olguín, reconoció que la Sedena fue omisa ante el Acuerdo Presidencial de 2019, el cual instruía a todas las dependencias federales a transferir archivos de persecución política al AGN.
Obstrucción y ocultamiento de evidencia
La sentencia se fundamenta en los hallazgos del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH). En su informe “Las formas del silencio”, el MEH documentó que, aunque inicialmente tuvo acceso a ciertos documentos relevantes para localizar a personas desaparecidas, posteriormente el Ejército alteró, ocultó y negó el acceso a cajas de información previamente identificadas.
Una deuda histórica con las víctimas
Para las familias de los desaparecidos, estos archivos representan un «territorio más para la búsqueda de la verdad», indispensables para reconstruir los hechos y establecer responsabilidades.
Organizaciones civiles celebraron la resolución como un avance significativo, pero advirtieron que su efectividad dependerá de la voluntad política del Estado mexicano para revertir la opacidad castrense y asegurar que la nueva Comisión funcione con total transparencia e integridad.
