Por Paola Flores
Reunidos en una Asamblea General Comunitaria de carácter urgente, 859 habitantes de San Lorenzo Cacaotepec rechazaron de manera unánime el Corredor Zapoteco. El acta de la Asamblea consta que han declarando formalmente agotado y concluido cualquier proceso de consulta en su territorio.
Debido al clima de intimidación y al temor de sufrir represalias por parte de instancias estatales o del propio cabildo, habitantes que presenciaron y operaron la resistencia de la jornada compartieron los detalles y documentos oficiales a paolaflores.org bajo condición de estricto anonimato.
De acuerdo con sus testimonios y el acta oficial, las dos mayores preocupaciones que unieron al pueblo en un rechazo absoluto fueron la destrucción de las viviendas locales y el daño irreversible a las reservas de agua.
Por un lado, el proyecto gubernamental —diseñado como una carretera de alta velocidad tipo A2 de 13 metros de ancho— exige un derecho de vía de 60 metros de ancho (30 metros a cada lado del eje). Información, que los expositores estatales de Caminos Bienestar, ocultaron deliberadamente durante la asamblea. Esta franja de 60 metros destruiría múltiples viviendas ya consolidadas en San Lorenzo. El acta revela que el municipio exigió desde un inicio conocer la cantidad exacta de viviendas afectadas, una cifra que los funcionarios evadieron responder en todo momento.
Por otro lado, los pobladores alertaron sobre un impacto irreversible en la biodiversidad y, de manera particular, en los mantos acuíferos de los cuales depende la vida y la agricultura de San Lorenzo. «Nuestros mantos acuíferos van a sufrir afectaciones a futuro», sentenció uno de los comuneros.
La encargada de exponer el proyecto, según el acta de la Asamblea, fue Raquel López Celis, directora de Planeación de Caminos de Bienestar, quien explicó el trazo del proyecto a grandes rasgos, sin presentar dictámenes de impacto ambiental, social, de seguridad pública o medidas de mitigación por daños al ecosistema comunitario.
La documentación del gobierno delinea una autopista de casi 70 kilómetros, dividida en dos etapas, para conectar las carreteras federales hacia la Costa, el Istmo y la Ciudad de México. Sin embargo, la exposición técnica enviada a San Lorenzo fue calificada por los comuneros como “de secundaria”, argumentando que parecía diseñada bajo la premisa de que “por ser indígenas no pensamos”.
Es importante mencionar que el cuadernillo informativo del gobierno contiene dos cláusulas sospechosas para los ciudadanos que lo consultaron: La pregunta cinco del cuestionario oficial solicita el consentimiento para realizar los trámites legales necesarios para que las tierras ejidales de la comunidad se conviertan en propiedad del gobierno del estado y se plantea abiertamente que en la construcción, operación y conservación de la carretera participe el sector privado.
El momento más tenso de la deliberación ocurrió cuando un poblador denunció al Comisariado Ejidal. Públicamente reveló que Carlos Alfredo Serna Cuevas, autoridad agraria, había sostenido tres reuniones a espaldas del pueblo para ofrecer a los propietarios particulares 12 pesos por metro cuadrado, con el fin de asegurar el derecho de vía de la carretera.
Al conocerse la cifra, la multitud se levantó al grito de “¡Vendido!”. La Asamblea proclamó al unísono que “el municipio no se vende” y condenó que el comisariado pretendiera negociar unilateralmente el territorio comunal. Adicionalmente, los pobladores expusieron presuntos lazos de complicidad política, señalando que el comisario ejidal sostiene una relación de compadrazgo con Iris Yoselin López Zavaleta, ex presidenta municipal y aspirante a una diputación local, sugiriendo un interés electoral detrás del megaproyecto.
La Asamblea fue instalada a las 10:30 horas por la presidenta municipal, Ivonne Arisbeth Díaz Santiago, con la presencia de su cabildo y representantes del estado, entre ellos Raquel López Celis (Caminos Bienestar), Blanca Imelda Martínez (Secretaría de Interculturalidad), Iván Elí Sánchez Fabián (Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca) y Donato Vargas Jiménez (Paz Social de la Secretaría General de Gobierno).
Esta consulta también descubrió la división interna del ayuntamiento. Las fuentes comunitarias explicaron que mientras la presidenta municipal, Ivonne Arisbeth Díaz Santiago, mostró total disposición para hacer valer la autonomía del pueblo y respetó los tiempos de la Asamblea para respaldar la voluntad popular, carece del apoyo de su suplente y de los regidores.
Pese a las presiones, como penúltimo punto de la Asamblea se procedió con la votación y las 859 personas congregadas en la plaza principal de San Lorenzo Cacaotepec, levantaron la mano de forma unánime para rechazar la obra. No se registró ni un voto a favor ni abstenciones.
Al concretarse el rechazo unánime, los funcionarios estatales intentaron retirarse sin firmar la minuta de acuerdos. Blanca Imelda Martínez, de Caminos Bienestar, objetó la firma alegando que “no se había consultado de manera formal a quienes estuvieran a favor.” En respuesta, los habitantes de San Lorenzo bloquearon impidieron la retirada de toda la delegación gubernamental.
El comisario ejidal recurrió al pretexto de que “había olvidado su sello oficial” para no firmar. La comunidad no cedió: comisionaron a un grupo de vecinos para que escoltaran y trajeran el sello físico de las oficinas ejidales, obligando a todas las autoridades agrarias y estatales a estampar sus firmas y sellos antes de permitirles abandonar el la reunión.
El Corredor Zapoteco, nombrado en el pasado como Libramiento Sur, es un proyecto reciclado por la administración del gobernador, Salomón Jara. En el pasado fue impulsado por el gobernador, Ulises Ruíz Ortiz (2004-2010). Durante 15 años pueblos y comunidades de los Valles Centrales se han opuesto tajantemente a su construcción.
El contundente rechazo de San Lorenzo Cacaotepec sienta un precedente de resistencia para toda la región. Al menos 18 comunidades indígenas se verían afectadas por esta carretera.
