Redacción
En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la organización Voces del Territorio presentó los resultados de una investigación comunitaria que revela una alarmante brecha entre las cifras oficiales y la realidad de las desapariciones forzadas y las agresiones digitales que enfrentan las comunidades en defensa de sus territorios.
La documentación, realizada en los estados de Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Sonora, evidencia que los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) son insuficientes. Mientras que el registro oficial solo contabiliza 21 personas indígenas desaparecidas en las zonas consultadas, la investigación comunitaria identificó al menos 152 casos reportados por las propias comunidades.
De acuerdo con los hallazgos, el 46.7% de las víctimas son jóvenes de entre 18 y 30 años. Además, el 84.4% de las familias reportó no haber recibido ningún tipo de apoyo gubernamental para la búsqueda, lo que obliga al 47.7% de los familiares a realizar las labores de rastreo por su propia cuenta.
Autoridades implicadas en desapariciones forzadas
Además el informe señala la participación de agentes estatales en estas violaciones a los derechos humanos. Si bien el crimen organizado es mencionado en 39 de los 45 testimonios de profundidad, también se documentó la responsabilidad de autoridades municipales (19), estatales (17) y federales (14), incluyendo a las Fuerzas Armadas en 10 casos. Según el derecho nacional e internacional, la participación o aquiescencia de estas autoridades configura el delito de desaparición forzada.
La investigación, que contó con el respaldo de organizaciones como Indigenous People Rights International (IPRI), destaca que la violencia digital es una extensión de la violencia territorial,. En comunidades P’urhépecha, Zapoteca y Yaqui, se identificó que las mujeres indígenas son las más afectadas por ataques digitales cargados de machismo y racismo.
También que los ataques están vinculados a intereses políticos, empresariales y del crimen organizado y que persisten graves brechas de infraestructura y habilidades digitales que aumentan la vulnerabilidad de las personas defensoras.
Impactos y resistencia comunitaria
El costo humano de esta violencia es devastador: el 65.1% de los entrevistados ha recibido amenazas de muerte y casi la mitad reporta un deterioro significativo en su salud mental. Pese a este entorno de violencia extrema, los pueblos indígenas continúan fortaleciendo sus estrategias de resistencia, mediante la creación de medios de comunicación autónomos y mecanismos colectivos de control de información,.
Ante este panorama, Voces del Territorio demandó al Estado la generación urgente de datos desagregados por pertenencia étnica y género, con el fin de dimensionar y atender esta problemática con pertinencia cultural y frenar la impunidad que impera en los territorios indígenas.
