Por Paola Flores
Organizaciones sociales y colectivos han emitido una alerta urgente ante una serie de actos de hostigamiento, intimidación y amenazas dirigidos contra Carlos Beas, defensor de derechos humanos, y el equipo de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI). La situación en el Istmo, ha escalado tras incidentes violentos que ponen en riesgo la integridad física y psicológica de quienes defienden el territorio.
Cronología de la intimidación
Los eventos reportados recientemente muestran un patrón de vigilancia y agresión directa en la comunidad de Rincón Viejo, Santa María Petapa:
• 15 de enero de 2026: Se registró una ráfaga de metralleta en la parte trasera del domicilio de Carlos Beas alrededor de las 22:15 horas.
• 17 de enero: Un individuo armado fue avistado en dos ocasiones merodeando las afueras de la misma vivienda.
• 20 de enero: Dos sujetos que aparentaban estar ebrios se presentaron en las oficinas de UCIZONI; afirmaron ser empleados de la Fiscalía General de la República (FGR) para entregar una notificación, pero se negaron a identificarse formalmente.
Tensiones luego del accidente en el tren interoceánico
Este clima de violencia se enmarca en un contexto de alta tensión derivado del descarrilamiento del tren interoceánico el pasado 28 de diciembre. La UCIZONI considera que la creciente presencia de periodistas nacionales e internacionales, ha incrementado la vulnerabilidad de los defensores de derechos colectivos en la región.
Exigencias y responsabilidad del Estado
Diversas organizaciones, como el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) y la Colectiva Tëkaampë Ayuuk Toxëjk, han señalado directamente al gobierno de Oaxaca y al gobierno federal como responsables de cualquier agresión futura, ya sea por acción u omisión.
Las demandas centrales de su pronunciamiento incluyen:
1. Medidas de protección integrales y efectivas para Carlos Beas y el equipo de UCIZONI.
2. Cese inmediato de la vigilancia y el hostigamiento.
3. Una investigación pronta e imparcial sobre los hechos denunciados.
4. Garantías reales para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y el territorio en el Istmo.
El pasado 18 de enero se logró un acuerdo con el FIT y la SICT para retirar denuncias penales contra 14 campesinos ayuujk y tres integrantes de UCIZONI, sin embargo, el riesgo persiste.
