«¿A dónde van a ir a traer agua cuando se seque el río?», cuestionan.
Por Paola Flores
Cientos de personas en San Juan Bautista Cuicatlán se movilizaron en una marcha por la dignidad para denunciar el saqueo sistemático de material pétreo (arena y grava) del río Grande. Los manifestantes acusan a empresarios, políticos y autoridades de los tres niveles de gobierno de complicidad en lo que califican como un desastre ambiental grave para la región.
La protesta, que inició en el Arco de Cuicatlán y culminó frente al palacio municipal, este 26 de abril de 2026, fue convocada por la comunidad afromexicana de San José del Chillar, sumando el apoyo de San Pedro Chicozapote y Valerio Trujano. Bajo consignas como: «¡El pueblo unido jamás será vencido!» y «Del Chillar no se vende, el Chillar se defiende», las familias exigieron el cese inmediato de la extracción.
El río Grande en Cuicatlán, Oaxaca, es un afluente que recorre la región de la Cañada, se nutre de ríos como el de las Vueltas, Tomellín, Apoala, Sabino y Salado. atravesando el municipio de San Juan Bautista Cuicatlán.
Durante los discursos, representantes comunitarios enfatizaron que la defensa del río no tiene fines económicos, sino de supervivencia. «¿A dónde van a ir a traer agua cuando se seque el río?», cuestionaron, advirtiendo que no aceptarán negociaciones ni sobornos de particulares que intentan entrar a los ejidos por “la puerta de atrás”.
De acuerdo con las denuncias, la explotación a gran escala comenzó alrededor de 2015, por parte de la familia de la diputada local, Lizbeth Concha Ojeda; la empresa Grupo 44, operada por Edmundo Hernández Gavilán y Guillermo Neri Ojeda, ha extraído material de manera excesiva pese a carecer de los permisos correspondientes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
A pesar de que el Juzgado Tercero de Distrito negó recientemente un amparo a Hernández Gavilán para continuar con la extracción en San José del Chillar, los pobladores aseguran que las actividades ilegales persisten.
La comunidad hizo un llamado enérgico a los magistrados que revisan los permisos de explotación para que actúen con cautela y a favor del medio ambiente. Los habitantes de la Cañada advirtieron que se sancionará internamente a cualquier persona que realice convenios “a oscuritas” para permitir el saqueo.
“Nuestra resolución es no más saqueo de arena. No queremos dinero… se va porque se va”, sentenciaron los manifestantes.
