Por Paola Flores
Al cumplirse seis años del inicio de la campaña “Por el Derecho a una Alimentación Sana y Nutritiva: Oaxaca sin Chatarra”, organizaciones civiles exigieron al gobierno de Oaxaca, encabezado por Salomón Jara Cruz, así como al Congreso local y a los municipios: romper los vínculos con los intereses económicos de la industria alimentaria y refresquera.
En un pronunciamiento señalaron que, bajo la narrativa de la denominada “Primavera Oaxaqueña”, la administración estatal ha estrechado lazos con corporaciones que explotan los recursos hídricos de la entidad —extrayendo hasta 55 mil millones de litros de agua al año— y contaminan tanto los territorios como la salud de la población.
Del referente nacional al retroceso normativo
El 5 de agosto de 2020, el Congreso local aprobó reformar el artículo 20 bis de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, convirtiendo a la entidad en la primera de México en prohibir la venta, regalo, distribución y suministro de alimentos chatarra y bebidas azucaradas a menores de edad.
Sin embargo, las organizaciones denunciaron que en 2023 la LXV Legislatura derogó dicho artículo y aprobó en su lugar el Artículo 22, acotando la prohibición únicamente a las instalaciones de educación básica. De acuerdo con el pronunciamiento, este cambio representó un revés servil a las refresqueras, dejando a las infancias expuestas a la publicidad, disponibilidad y bajo costo de la comida chatarra fuera de las escuelas.
Maíz y soberanía alimentaria
Además frente a los informes gubernamentales que celebran una producción de más de 819 mil toneladas de maíz en 2025 como un logro hacia la autosuficiencia, el colectivo aclaró que producir más grano no garantiza la soberanía alimentaria.
Subrayaron que las comunidades campesinas enfrentan severos problemas de sequía, degradación de suelos, corrupción en la entrega de apoyos agrícolas y presiones corporativas sobre las semillas nativas.
En ese sentido, recordaron que la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible, vigente desde 2024, obliga al Estado a priorizar los derechos al agua, la salud, el medio ambiente y el interés superior de la niñez por encima del lucro comercial.
Para frenar la interferencia empresarial y garantizar el derecho humano a la salud, la red de organizaciones planteó cinco demandas centrales:
- Restablecer la prohibición general del consumo y suministro de comida chatarra a menores, ampliando los entornos saludables fuera de las escuelas.
- Implementar políticas públicas que fortalezcan la producción campesina y los sistemas alimentarios locales.
- Proteger el agua, los suelos, la biodiversidad y las semillas nativas.
- Sancionar los conflictos de interés y la injerencia de las corporaciones en las decisiones gubernamentales.
- Garantizar el acceso a una alimentación nutritiva, suficiente y culturalmente pertinente.
Como parte de las actividades por el sexto aniversario, el colectivo anunció la realización de talleres, conferencias, eventos virtuales y la develación de cinco murales. Las jornadas concluirán el próximo 18 de octubre a las 7:30 a.m. con la Carrera de la Milpa en el municipio de San Andrés Huayapam.
El pronunciamiento fue respaldado por organizaciones como la Alianza por la Salud Alimentaria, Consorcio Oaxaca, El Poder del Consumidor, Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA), la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y Puente a la Salud Comunitaria, entre otras.
