Desde 2011, al menos 16 mujeres buscadoras han sido asesinadas en el ejercicio de su labor
Por Paola Flores
En un país que contabiliza oficialmente más de 132 mil personas desaparecidas hasta enero de 2026, las mujeres se han convertido en las protagonistas de una búsqueda que el Estado ha omitido o realizado de forma ineficaz.
Un nuevo informe de Amnistía Internacional revela que esta labor, lejos de ser protegida, expone a las buscadoras a un ciclo de violencia física, económica y emocional, operando bajo una impunidad casi absoluta.
Una búsqueda bajo asedio
Aproximadamente el 90% de las 234 colectivas de búsqueda en el país están integradas por mujeres: madres, hermanas e hijas que han tenido que aprender leyes, identificación forense y excavación de fosas. Para ellas, buscar a un ser querido es una extensión de sus roles de cuidado, pero en el contexto mexicano, esta actividad pone en peligro su vida.
Desde 2011, al menos 16 mujeres buscadoras han sido asesinadas en el ejercicio de su labor. El año 2022 fue el más letal, con seis asesinatos registrados. Además de la muerte, el informe documenta que el 97% de las mujeres consultadas ha enfrentado algún tipo de violencia o afectación derivada de su labor.
Un mapa de agresiones y desamparo
Las violencias que enfrentan las buscadoras son multifactoriales:
• Amenazas y ataques: El 45% ha recibido amenazas verbales o escritas, y el 27% reporta acoso por parte de las propias autoridades.
• Desplazamiento forzado: Un 27% de las buscadoras se ha visto obligada a cambiar de casa para proteger su integridad y la de su familia.
• Afectaciones a la salud: El impacto emocional es devastador; el 73% sufre depresión y el 72% padece insomnio crónico. Muchas reportan enfermedades físicas como diabetes o hipertensión agravadas por el estrés y las condiciones extremas de las búsquedas en campo.
• Empobrecimiento: El 66% ha perdido recursos económicos, destinando pensiones y ahorros a la compra de palas, drones y transporte para buscar, a menudo perdiendo sus empleos por el estigma o la necesidad de tiempo para las diligencias.
Violencia institucional e impunidad
El informe es crítico con la respuesta del Estado mexicano, calificándola como “violencia institucional”. A pesar de la creación de leyes e instituciones especializadas, las buscadoras enfrentan prejuicios de género y revictimización. Denuncian que las fiscalías suelen pedirles esperar 72 horas para interponer denuncias, una práctica ilegal que retrasa la búsqueda inmediata.
La impunidad es el rasgo estructural más grave: se estima que el 99% de los casos de desaparición quedan sin sentencia. Las autoridades de alto nivel han llegado incluso a negar la existencia de una crisis de desapariciones forzadas en el país, lo que erosiona la confianza de las víctimas.
Discriminación
El informe subraya que los riesgos se exacerban para las mujeres indígenas y migrantes. Las buscadoras indígenas enfrentan barreras idiomáticas y geográficas, a menudo sin acceso a intérpretes o con instituciones situadas a horas de sus comunidades. Por su parte, las madres migrantes centroamericanas dependen de visas humanitarias que el gobierno mexicano no siempre facilita, lo que las obliga a buscar en condiciones de extrema vulnerabilidad.
Buscar en el olvido | El caso Oaxaca
En la presentación de este informe en Oaxaca, Marta Pablo Cruz, fundadora del colectivo “Buscando a los Nuestros”, señaló que, aunque la entidad cuenta con un marco legal, estas leyes simplemente no se acatan ni se aplican con efectividad en la práctica.
La gravedad de esta situación se refleja en el aumento de casos que afectan no solo a residentes, sino también a personas que han desaparecido mientras vacacionaban en destinos turísticos como Puerto Escondido.
Marta denunció que la respuesta institucional ha sido, en gran medida, una “simulación” diseñada para justificar presupuestos en lugar de realizar acciones reales de localización. Criticó que las autoridades se limiten a repartir volantes o a organizar eventos recreativos —como rodadas de motociclistas— bajo el nombre de jornadas de búsqueda, mientras casos urgentes como el de la activista Sandra Domínguez permanecen sin resultados.
Además, advirtió que la falta de sensibilidad y perfil técnico de los titulares en las comisiones de búsqueda y de atención a víctimas perpetúa la revictimización de las familias.
En Oaxaca, la crisis de desapariciones ha escalado drásticamente durante los últimos dos sexenios y medio, una realidad que muchas veces es invisibilizada. Marta aseguró que para las madres buscadoras la esperanza nunca se agota: «Para nosotros, mientras no los encontremos, siguen vivos.»
En México hay más de 132 mil personas desaparecidas
132 mil asientos vacíos
132 mil familias con un vacío imposible de llenar
Amnistía Internacional hizo un llamado urgente al Estado mexicano para que reconozca la labor de estas mujeres como defensoras de derechos humanos.
