Por Paola Flores
Filadelfo Aldaz, Sergio Céspedes, Ricardo Martínez y Antonio Díaz, los cuatro activistas que seguían detenidos por protestar contra la gentrificación en Oaxaca seguirán su proceso en libertad.
Ellos, al igual que Nizayeejh Chávez y Metztli Hernández continuan bajo investigación, pero ya han retomado sus labores en las organizaciones de derechos humanos COJUDIDI, La Campamenta y en la Comedora Comunitaria donde comparten alimentos con los migrantes y personas vulnerables.
Colectivos a nivel estatal y nacional exigen un cese “al hostigamiento y criminalización por parte del Estado”. Consideran que la protesta es la única manera en la que son vistos y escuchados.
El sábado luego de la manifestación y durante la conferencia de prensa que encabeza el gobernador Salomón Jara cada lunes, la marcha contra la gentrificación fue calificada como “agresión social” y “xenofobia”.
Las autoridades evitaron referirse a la causa real de la protesta: La gentrificación. Este fenómeno refiere al desplazamiento de los residentes de la clase trabajadora, por otras clases de mayor poder adquisitivo. Una realidad innegable en Oaxaca.
