Previamente se denunciaron abusos, maltrato y tortura en la dependencia a cargo de Irma Bolaños Quijano, esposa del gobernador
Por Paola Flores
Dos hermanas de origen haitiano, que se encontraban bajo el resguardo del albergue de tránsito “Casa Pato”, fueron halladas sin vida al interior de una fosa séptica este 24 de febrero de 2026.
Y pese a que el gobierno del estado se apresuró a separar de sus cargos a funcionarias implicadas, este incidente ha puesto bajo la lupa una crisis institucional de negligencia y maltratos que ya había sido advertida por trabajadores y víctimas.
Las menores, que se encontraban en el centro junto a su madre, fueron reportadas como extraviadas la mañana del 24 de febrero de 2026.
Conclusiones preliminares apuntan a que el fallecimiento ocurrió debido a omisiones graves en la infraestructura, específicamente la falta de tapas de seguridad en la fosa donde cayeron las pequeñas.
Ante el impacto mediático, el gobernador Salomón Jara Cruz anunció la destitución de la directora general del Sistema DIF Oaxaca, Maribel Salinas Velasco, así como de la coordinadora general de albergues, Cristina R., y la jefa de la unidad de “Casa Pato”, Teresita V., quienes ahora enfrentan procesos penales y administrativos por estas omisiones.
Denuncias y ocultamientos
En documentos revelados por el medio Primera Línea se constata que una semana antes de la tragedia, la entonces directora, Maribel Salinas envió un oficio a la diputada de Movimiento Ciudadana, María Fátima García León, asegurando que, tras sus propias supervisiones, no existía ninguna condición de riesgo en los albergues.
Pero la muerte de las niñas haitianas parece ser el síntoma más grave de una falla estructural denunciada previamente. Apenas días antes del suceso, salieron a la luz testimonios de maltrato y explotación infantil dentro de los albergues del DIF, señalando directamente a la directora general Luz Gabriela González Pérez y al círculo cercano de la presidenta honoraria, Irma Bolaños Quijano.
Entre las denuncias más alarmantes que las autoridades habrían ignorado se encuentran:
• Castigos inhumanos: El uso de una “cámara de Gesell” como cuarto de castigo donde se encerraba a menores sin comida hasta por una semana.
• Abuso médico: La aplicación de tranquilizantes inyectados sin ninguna indicación médica para controlar a los internos.
• Explotación y violencia física: Denuncias de bofetadas a menores con discapacidad y la obligación de realizar tareas peligrosas, como cocinar para personas con ceguera sin supervisión.
• Desvío de recursos: Mientras el presupuesto del DIF se triplicó en 2025, trabajadores denunciaron la falta de mantenimiento básico y que incluso los alimentos de los menores eran desviados para “venta” en eventos oficiales.
Cuestionamientos sobre el papel de la DDHPO
La actuación de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) también ha sido cuestionada. Tres días antes de los hechos, circuló un comunicado oficial informando que la institución dictaminó que no existían violaciones a los derechos humanos en el DIF Oaxaca, una conclusión que hoy, tras la muerte de las dos pequeñas, parece prematura y cómplice.
El caso ya ha escalado al Congreso de la Unión, donde la diputada del Partido del Trabajo, Aracely Cruz, días antes, ya había expuesto ante el pleno las denuncias reiteradas por violaciones a los derechos humanos y agresiones contra niñas y niños resguardados por el DIF Oaxaca.
En su momento incluso exhortó a la Procuraduría Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes y a la Fiscalía General de la República a atraer las investigaciones.
Hoy dijo que «La muerte de estas dos menores evidencia la negligencia y la impunidad con la que se han conducido las autoridades que deberían protegerlas.»
