Por Paola Flores
En un doloroso recordatorio de la prolongada e inacabada búsqueda de justicia en México, se confirmó el fallecimiento de Francisco Rodríguez Morales, conocido cariñosamente por sus compañeros como “don Pancho”, padre de uno de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014.
Rodríguez Morales, originario de la comunidad de Omeapa, municipio de Tixtla, Guerrero, falleció la mañana del 21 de agosto de 2026. Dedicó sus últimos años a exigir la presentación con vida de su hijo, Everardo Rodríguez Bello, uno de los jóvenes normalistas desaparecidos por el Estado.
Su muerte representa otra dolorosa pérdida para el movimiento, pues falleció sin obtener respuestas sobre el paradero de su hijo, una tragedia que comparte con su esposa, doña Minerva Bello, quien también murió sin conocer la verdad en el año 2018.
Tanto la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) como el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) expresaron públicamente su pesar y lamentaron la partida del activista. Por su parte, el colectivo de madres y padres de los 43 emitió un pronunciamiento en el que abrazaron a la familia en estos momentos difíciles y aseguraron que la partida de su compañero “Pancho” no frenará su exigencia de justicia.
Promesa de lucha frente a la impunidad
A casi un mes de cumplirse 12 años del ataque, el colectivo de familias reiteró que continuará movilizándose y alzando la voz. Para el próximo mes de septiembre de 2026, los familiares anunciaron jornadas de protesta para exigir que se agilicen las investigaciones y que el Ejército entregue la totalidad de los folios y archivos que mantiene bajo resguardo. Las familias sostienen que la persistente obstrucción por parte de las autoridades ha bloqueado históricamente el esclarecimiento de la verdad para las familias y la sociedad en general.
La histórica agresión ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos acudieron a dicha ciudad para tomar autobuses con el fin de asistir a la marcha conmemorativa del 2 de octubre en la Ciudad de México. Policías municipales, en colusión con la organización criminal Guerreros Unidos y el Ejercito, emboscaron a los estudiantes y dispararon contra ellos para impedirles salir, culminando en la desaparición forzada de 43 normalistas.
El ataque dejó un saldo que incluyó 6 personas ejecutadas (tres de ellas normalistas, uno de los cuales presentó claras muestras de tortura al ser localizado al día siguiente), al menos 40 heridos y más de 180 víctimas directas.
La partida de Francisco Rodríguez ocurre en medio de una nueva tensión judicial por el caso. El pasado 6 de agosto de 2026, la Fiscalía General de la República informó sobre la detención de quien fuera gobernador de Guerrero en el momento de los hechos (2014), Ángel Heladio Aguirre Rivero, acusado de desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia por ocultar evidencias.
Dicho exmandatario, hoy de 70 años y retirado de la política desde que pidió licencia en octubre de 2014, figura como uno de los exfuncionarios de mayor jerarquía procesados, junto al ex fiscal general Jesús Murillo Karam.
A pesar de que el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador calificó el suceso como un crimen de Estado y ordenó una nueva indagatoria que contradijo la versión oficial del gobierno de Enrique Peña Nieto, el caso sigue siendo una profunda deuda para el actual gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Tras más de una década, no existen sentencias condenatorias firmes contra los responsables, se desconoce el paradero de la gran mayoría de los jóvenes y únicamente se han logrado localizar e identificar los restos de tres de los 43 estudiantes desaparecidos.
