Por Paola Flores
Los familiares del periodista asesinado, Francisco Alejandro Leyva Aguilar emitieron una segunda carta pública a la presidenta, Claudia Sheinbaum, en la que acusaron actos de censura e intimidación, por parte de la administración estatal, durante su manifestación pacífica realizada el pasado 25 de julio en el marco de la “Calenda de las Culturas”.
Calificaron de “alevoso” el sabotaje de su protesta y cuestionaron la validez del protocolo utilizado por el gobierno para justificar su intervención.
Esto, luego de que la Secretaría de Gobierno que encabeza, Jesús Romero López emitiera un comunicado defendiendo su actuación. En el documento público la dependencia aseguró que su personal se apegó al “Protocolo de Atención a la Protesta Social”.
El objetivo, sostuvo institución, fue privilegiar el diálogo y el respeto a los derechos humanos para evitar incidentes. Además, afirmaron haber establecido comunicación con la familia para ofrecer una mesa de diálogo institucional.
Versión que se contradice con la evidencia en videos y fotografías, en los que se observa a servidores públicos, montando guardia a un lado de los hombres que bloquearon la protesta y que presuntamente portaban armas de fuego.
En su comunicado, la familia Leyva cuestionó la legalidad del mencionado protocolo, calificándolo de “ficticio” debido a que no ha sido publicado en el Periódico Oficial de Oaxaca. Según los afectados, existe una clara disonancia entre el discurso de “gobierno abierto” y las acciones de hostigamiento que vivieron, las cuales incluyeron ser fotografiados y censurados por funcionarios estatales.
«No tenemos una demanda particular para con el gobierno… somos una familia afectada por la pérdida de un ser querido cuyo crimen exigimos a las autoridades se esclarezca», señalaron en la carta. Subrayaron que su intención era simplemente homenajear a Alejandro Leyva con pancartas que visibilizaran su dolor.
Sumado a ello, en una conferencia de prensa el gobernador, Salomón Jara, calificó como “una provocación”, la manifestación de la familia. Admitió que no fue notificado del citado protocolo, ni de los actos de intimidación, que pedirá disculpas si algún funcionario incurrió en ello.
Esto fue tomado por la familia como una «alarmante falta de control y criterio» por parte del equipo del gobernador, por lo que solicitaron la intervención de la presidenta, Claudia Sheinbaum (por segunda ocasión).
Exigieron también una investigación puntual y sanciones para quienes ejecutaron esta censura y rechazaron cualquier disculpa pública “meramente protocolaria”: «La disculpa sin castigo no sirve de nada», sentenciaron.
