Por Paola Flores
El asesinato del periodista, Francisco Alejandro Leyva Aguilar, ocurrido el pasado 22 de julio de 2026, dejó al descubierto una cadena de negligencias, extravíos de expedientes y falta de coordinación entre las dependencias responsables de garantizar su seguridad. Tras un año y ocho días de haber solicitado atención ante diversas instancias, el comunicador fue ejecutado sin haber recibido ni una medida de protección.
El 31 de julio de 2026, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) presentó un informe que detalla el papel y las acciones (u omisiones) de cada dependencia involucrada en este caso. Además de evidenciar su papel en el mismo.
Elizabeth Lara Rodríguez, presidenta de la DDHPO señaló a la Fiscalía General de la República, por rehusarse a atender las denuncias del periodista; a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, por tratar el expediente de forma irresponsable; al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas por su respuesta tardía y al gobierno de Oaxaca por una narrativa de estigmatización hacia el trabajo crítico de Alejandro.
Fiscalía General de la República (FGR)
- Acciones:
- Recibió la denuncia del periodista el 16 de julio de 2025.
- Declinó la competencia del caso hacia la fiscalía estatal en dos ocasiones.
- Emitió el acuerdo de declinación el 28 de julio de 2025, pero tardó más de un mes en remitir físicamente la carpeta, haciéndolo hasta el 5 de septiembre de ese año.
- Omisiones:
- No notificó al periodista ni a la Defensoría sobre la declinación de competencia, dejando al comunicador en la incertidumbre sobre quién era el responsable de su investigación.
- No dio respuesta oportuna a las solicitudes de información de la DDHPO sobre el estatus de la carpeta en septiembre y octubre de 2025.
Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO)
- Acciones:
- Negó inicialmente tener el expediente el 8 de noviembre de 2025, asegurando no tener registro de la remisión hecha por la FGR.
- Reconoció la recepción de la carpeta apenas un día después de que la Defensoría le enviara el oficio de acuse de la FGR como prueba.
- En abril de 2026, informó que no localizaba la carpeta de investigación, sugiriendo al periodista que presentara una nueva denuncia por el extravío del documento original.
- Omisiones:
- Ignoró cinco solicitudes distintas enviadas por la Defensoría (entre agosto de 2025 y enero de 2026) para implementar medidas urgentes de protección en favor de Leyva.
- No contactó al periodista para informarle que ellos tenían su caso tras la declinación federal.
Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
- Acciones:
- En febrero de 2026, respondió a una de las solicitudes afirmando que el periodista no estaba inscrito ni tenía trámites pendientes, a pesar de los requerimientos de la Defensoría.
- Omisiones:
- No dio respuesta a tres solicitudes de incorporación urgente enviadas por la DDHPO.
- Al momento del asesinato, el Mecanismo seguía sin responder a la última petición de febrero de 2026, la cual incluía pruebas de nuevos números telefónicos desde los cuales Leyva era amenazado.
- No diseñó el plan de seguridad ni el esquema de protección solicitado para mitigar los riesgos advertidos.
Gobierno del Estado de Oaxaca
- Acciones:
- Mencionó insistentemente al periodista en la sección “Trapitos al Sol”, dirigida por Yessenia Escamilla, durante las conferencias mañaneras del Gobernador Salomón Jara.
- Según el testimonio de Leyva, estas menciones gubernamentales motivaron los ataques y difamaciones de portales con convenios oficiales y cuentas falsas.
- Omisiones:
- A pesar de que el periodista señaló que la exposición estatal ponía en peligro su vida física, no hubo acciones para rectificar o cesar los señalamientos que Leyva consideraba calumniosos.
Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO)
- Acciones:
- Dio seguimiento al caso ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado. Se contactó con el periodista.
- Abrió un cuaderno de antecedentes en lugar de un expediente de queja formal, bajo el argumento de que las amenazas provenían de cuentas particulares en redes sociales y no de servidores públicos.
- Limitó su respuesta al envío de oficios a otras instituciones.
- Exoneró al gobernador Salomón Jara y a su gabinete, al determinar que no había actos atribuibles a autoridades debido a que las agresiones eran digitales.
- Omisiones:
- A pesar de conocer el riesgo, no emitió medidas cautelares, alerta temprana ni recomendaciones durante el año que duró el proceso.
- No realizó un análisis de contexto sobre el impacto de las conferencias estatales en su seguridad.
- No elevó el caso a queja formal de oficio, a pesar de que la ley le faculta hacerlo ante violaciones graves o frecuencia de conductas contra periodistas.
En lo que puede calificarse como una repartición de culpas, la titular de la DDHPO reconoció finalmente que el Estado mexicano falló en garantizar la vida del comunicador. Sumadas a estas negligencias, la Defensoría notificó que se emitieron cinco solicitudes de protección dirigidas específicamente a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), las cuales fueron ignoradas o desatendidas antes del asesinato del periodista Alejandro Leyva.
A continuación se detalla la cronología de estas solicitudes y la respuesta de la autoridad, según lo expuesto por la defensora, Elizabeth Lara Rodríguez:
- Primera solicitud (15 de agosto de 2025): La Defensoría pidió la colaboración de la Fiscalía estatal para emitir medidas de protección apenas un mes después de la primera comparecencia de Leyva.
- Segunda solicitud (24 de octubre de 2025): Se solicitó tras confirmar que la Fiscalía General de la República (FGR) había declinado la competencia del caso a favor del estado.
- Tercera solicitud (20 de noviembre de 2025): Realizada después de que la Fiscalía estatal negara inicialmente tener registro del expediente. La Defensoría tuvo que adjuntar el oficio de la FGR como prueba para que la FGEO admitiera haber recibido la carpeta.
- Cuarta solicitud (2 de diciembre de 2025): Se pidió urgentemente la implementación de las medidas ante la falta de acción previa.
- Quinta solicitud (21 de enero de 2026): Fue la última reiteración formal registrada ante la Fiscalía estatal para que cumpliera con su obligación de salvaguardar la integridad del periodista.
Además de estas cinco peticiones a nivel estatal, la Defensoría también envió tres solicitudes adicionales de incorporación urgente al Mecanismo de Protección Federal (dependiente de la Secretaría de Gobernación), las cuales tampoco obtuvieron una respuesta efectiva antes del crimen.
