Entre la industrialización y la vida: defensores del Istmo de Tehuantepec alzan la voz para denunciar los impactos del Corredor Interoceánico.
Por Paola Flores
A casi tres años de la inauguración del Corredor Interoceánico en México; defensores del territorio, activistas y periodistas presentaron un crudo balance sobre los impactos de este megaproyecto en el Istmo de Tehuantepec.
Durante el foro multimedia titulado: Corredor Interoceánico: una historia de imposición, despojo y violencia, que derivó de una investigación periodística con el mismo nombre, dirigida por la periodista, Alejandra Crail, se evidenció que la infraestructura ferroviaria ha servido de punta de lanza para la criminalización de la protesta y la devastación ecológica en la zona.
Uno de los puntos de mayor alarma fue la reactivación de concesiones mineras vinculadas al tramo ferroviario. Edgar Martín, defensor ambientalista de Unión Hidalgo, advirtió que la línea K atraviesa la cordillera de Los Chacales, donde se ubican yacimientos que amenazan el suministro hídrico vital.
Según Martín, en esa zona descienden nada más de la ladera sur más de 20 arroyos que hoy están en riesgo por la actividad extractiva. Además, denunció que la rehabilitación de las vías facilitó la incursión del crimen organizado en cerros sagrados, donde se extrajeron materiales pétreos bajo la protección de grupos armados.
Además se documentó una alarmante tendencia hacia el uso del sistema penal para frenar la resistencia. Gabriela Carreón, de la organización Terravida, informó que hasta mayo de 2024 se localizaron 12 carpetas de investigación que afectan a 55 defensores, con patrones de violencia de género y uso de la fuerza desproporcionada.
Alberto Cayetano, integrante de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), compartió su propia experiencia como perseguido político:
«El gobierno utiliza la materia penal como una forma de hostigamiento… te lo pongo como una moneda de cambio: tú decides, ¿quieres tu libertad o sueltas tu propiedad?».
En este encuentro, impulsado por el Pulitzer Center en la Biblioteca Henestrosa, el debate central giró en torno a la imposición de una visión de “progreso” que las comunidades no comparten.
Para las comunidades originarias y los defensores lo que el Estado denomina “progreso” se traduce en criminalización, pérdida de recursos naturales y una ruptura del tejido social.
¿Qué es entonces el progreso? ¿Cómo lo conciben en el Istmo de Tehuantepec?
Para Juana Inés, de la UCIZONI, el progreso que promueve el gobierno y las empresas —basado en maquinaria, trenes y empleos industriales— es una fachada que oculta afectaciones ambientales, criminalización y militarización. Ella define el verdadero progreso como el “buen vivir”, lo cual implica una armonía y respeto profundo por la madre tierra y el cumplimiento de los derechos humanos:
«Desarrollo y progreso debería de ser priorizar el buen vivir de nuestros pueblos y de nuestras comunidades; ¿y qué significa eso? el tener esa armonía y ese respeto por nuestra madre tierra… No puede haber desarrollo cuando se violan los derechos, cuando se criminaliza, cuando se violenta, cuando se asesina».
Edgar Martín destacó que cualquier proyecto de gran escala debe respetar la propiedad social de la tierra y la autonomía de las asambleas. Para él, el progreso real requeriría un modelo de gestión distinto:
«Nosotros como comunidad indígena deberíamos tener la capacidad no solamente de copropiedad… sino la cogobernanza… que la Asamblea tuviera la posibilidad de tener en el lugar donde se toman las decisiones, en los comités, en los consejos de administración, a un representante».
Desde la organización Educa Oaxaca, Donají Quintas argumentó que imponer proyectos sin considerar la voluntad local es una forma de violencia. Según su testimonio:
«Un proyecto de desarrollo que no considere la voz de los pueblos nunca va a ser un progreso para esas comunidades… esta idea de desarrollo capitalista pues lo único que pretende es asesinar a la gente y está encaminada en una idea racista.»
Quintas alertó que el Istmo se está convirtiendo en una zona roja de conflictividad social y que el modelo actual utiliza la fragmentación comunitaria como estrategia de imposición.
Mientras que Gabriela Carreón, de la organización Terravida, quien ha documentado patrones de criminalización y violencia de género en las detenciones de defensores, sostuvo que el modelo extractivista actual no es sostenible:
«Esta concepción de progreso está agotada si la perspectiva es el cuidado y la protección de la naturaleza… el Estado tendría que respetar esas diferentes formas de concebir el mundo y de los proyectos que las personas y comunidades tienen para ese territorio».
Para los habitantes del Istmo: “Es un insulto”
El cierre del foro contó con la participación de asistentes como Pedro, cuya intervención resumió el sentir de muchos habitantes ante la terminología institucional:
«Cuando usan la palabra progreso o desarrollo me incomodo… es un insulto para los pueblos indígenas hablar de desarrollo porque eso no es cierto, es una mentira… lo que existe es sobrevivencia de los pueblos indígenas.»
La jornada concluyó con un llamado urgente a visibilizar que, más allá de las cifras macroeconómicas, el Corredor Interoceánico representa una lucha diaria por la defensa del agua, la tierra y la identidad cultural de los pueblos de Oaxaca.
