Por Paola Flores
La Asamblea General de Comuneros de San Pedro Huamelula aprobó recientemente su Estatuto de Bienes Comunales, un instrumento jurídico diseñado para fortalecer la organización interna y establecer las bases de la defensa colectiva de sus tierras y recursos naturales.
Este nuevo marco legal reafirma a la Asamblea como la máxima instancia para determinar el destino y aprovechamiento de los bienes comunes, funcionando como un mecanismo de protección frente a cualquier intento de intervención externa o negociación no autorizada sobre el territorio.
La implementación del Estatuto responde a una serie de presiones externas que mantienen a la comunidad en alerta. Entre ellas destaca la incertidumbre por la modernización del Eje Carretero Salina Cruz–Zihuatanejo (MEX-200), un proyecto federal del cual denuncian falta de información transparente sobre sus impactos en las tierras comunales.
Asimismo, las autoridades denunciaron el saqueo ilegal de materiales pétreos (arena y grava), así como la tala y quema de selva baja para proyectos en zonas costeras. Estas actividades están afectando gravemente ecosistemas críticos como manglares, dunas y humedales, poniendo en riesgo la flora y fauna nativa de la región.
Como parte de este fortalecimiento organizativo, las autoridades agrarias manifestaron un deslinde total de la Unión de Ejidos y Comunidades Agrarias Costa Istmo (Unecaci) y aclararon que ningún particular puede atribuirse la representación de la comunidad sin un mandato legítimo. En específico, señalaron que el ciudadano Alfredo Manuel Mena Alonso no cuenta con facultades para actuar como asesor, gestor o portavoz de San Pedro Huamelula, por lo que cualquier gestión realizada por él carece de validez ante la Asamblea.
La comunidad exigió el respeto irrestricto a su nuevo Estatuto, información pública sobre las obras de infraestructura y una investigación inmediata sobre la extracción ilícita de recursos en su territorio, bajo la premisa de que la tierra comunal no es mercancía.
